Madrid / Oviedo
Cinco de los nuevos once imputados en la «operación Pretoria», en la que se investiga una trama de corrupción urbanística en Cataluña, negaron ayer su vinculación con los hechos, y la fiscalía anticorrupción no ha pedido ninguna medida cautelar para ellos.
Las esposas de los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Maciá Alavedra y Lluis Prenafeta, Doris Malfeito y Lluisa Mas, declararon ante Baltasar Garzón que hicieron lo que les pedían sus maridos. El juez interrogó, además, al ex concejal de CiU en Mataró y ex coordinador del plan metropolitano de Barcelona Genís Carbó; al administrador de Niesma Corporació, Manuel Valera, y al arquitecto municipal de Santa Coloma, Lluis Falcón.
El fiscal no pidió ninguna medida cautelar para los imputados, que continúan en libertad y que se han desvinculado de la trama de corrupción urbanística que operaba en Santa Coloma, Llavaneres y Badalona, donde defraudó 44.754.000 euros, informa «Efe».
Carbó, imputado por cohecho, ya que «habría recibido» 244.000 euros de Niesma Corporació -empresa presidida por Luis García, alias «Luigi», cabecilla de la trama-, justificó esa cantidad como «honorarios profesionales». A Malfeito y a Mas el juez les imputa blanqueo y a ésta última haber ayudado a su esposo a «purificar los beneficios de las actividades ilícitas de aquél», además de figurar como administradora de Poliafers, S. L., «a través de la cual se canalizaron algunas de las comisiones cobradas» por Prenafeta.
Garzón imputa asociación ilícita, fraude y exacciones ilegales a Lluis Falcón, que habría participado en la «operación Pallaresa» en Santa Coloma «realizando determinadas actividades y adoptando decisiones que propiciarían su ejecución». De Manuel Valera, el juez dice que «era una persona interpuesta al servicio de Luis García». Además, aparecía como administrador solidario de Niesma Corporació y administrador de Renticost Serveis, que en 2005 recibió una transferencia de una sociedad controlada por García.
Garzón interrogará hoy al ex concejal socialista de Llavaneres Antoni Jiménez, al ex alcalde Víctor Ros (PP), al consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido, y al ex gerente del Instituto Catalán del Suelo Emili Mas, por cuyo caso CiU ha exigido al president José Montilla que abra una investigación.
En cuanto a la madre del ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, Josefina Calvet -a la que acusa de haber recibido, junto con su hijo, un millón de euros-, tiene 80 años, padece un alzheimer muy avanzado y, según varios informes médicos, no puede prestar declaración.
El Colegio de Abogados de Barcelona pidió ayer que se exijan responsabilidades penales para los autores de la «pena del telediario» a la que se somete a los imputados. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, abogó por cambiar y clarificar la figura del imputado para corregir los efectos que se han dado.