Haidar renuncia a toda atención médica y el juez rechaza hospitalizarla a la fuerza

Madrid / Oviedo

Aminatu Haidar inició ayer su cuarta semana en huelga de hambre con una radicalización de su protesta al anunciar, entre graves imputaciones al juez que la visitó el domingo, que renuncia a toda atención médica e incluso a su doctor. Horas después, el magistrado denegaba la solicitud de alimentación forzosa del Gobierno rechazando hospitalizar a la activista saharaui y someterla a tratamiento forzoso.


El Gobierno ha intensificado sus gestiones para buscar una solución para Haidar, que hoy cumple veintitrés días sin comer en el aeropuerto de Lanzarote para exigir su vuelta a El Aaiún, de donde fue deportada por los marroquíes.


«El juez me ha empujado a renunciar a toda atención médica», denunció la saharaui, que le acusó de entrar el domingo «de forma violenta, intentado realizar un examen médico contra mi voluntad e incluso amenazándome con alimentarme forzosamente». Sin embargo, el juez de Arrecife decidió ayer por la tarde «no haber lugar al traslado forzoso de Haidar a un centro hospitalario para que se valore su estado de salud o sea sometida a tratamiento contra su voluntad».


Jueces y fiscales de la Audiencia coinciden en que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, la activista sólo podría ser alimentada de manera forzosa cuando pierda la consciencia, si bien reconocieron que no hay precedente equiparable al de Haidar, que no está bajo dependencia del Estado. La Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia rechazan que un magistrado pueda ordenar la alimentación forzosa. La Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente defienden que puede hacerlo para salvar su vida.


«No podemos dejar que una persona se muera por falta de alimentación y, en ese sentido, y de acuerdo a nuestras normas y a nuestras leyes, se va a proceder», dijo el ministro José Blanco. Moratinos se reunió ayer con los portavoces parlamentarios, a los que pidió defender con firmeza la posición del Gobierno ante Marruecos e instarle que asuma sus responsabilidades en un «problema» que es suyo. Además se llamará a Haidar a que deje la huelga de hambre y se buscará implicar a la ONU intensificando la vía diplomática y también la judicial. A preguntas de Soraya Sáenz de Santamaría y de Llamazares sobre quién autorizó la entrada de Haidar tras la expulsión, Moratinos dijo que fue la Delegación del Gobierno.


El PP afirmó que el Ejecutivo ha «tirado la toalla» y dado por agotadas las vías diplomáticas, tras lo que pidió que se preserve la vida de la saharaui. Una veinte de jóvenes protestó ayer en el Congreso en apoyo de Haidar.