La baja participación enfrenta a los promotores de la consulta catalana

Barcelona / Oviedo

La baja participación en las consultas independentistas celebradas el domingo en 166 municipios catalanes enfrentó ayer abiertamente a sus organizadores. Así, Alfons López Tena, máximo responsable de la plataforma Osona Decideix (Osona Decide), arremetió contra la Coordinadora por la Consulta sobre la Independencia, a la que acusó de hacer «mal» su trabajo de organización.

López Tena pidió que los resultados en los municipios de la comarca de Osona y en el resto de Cataluña se lean por separado: «No estamos dispuestos a que nos incluyan en un magma mal organizado, mal planteado y hecho desde el sectarismo y la exclusión».

López Tena, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, consejero nacional de CDC e impulsor de Osona Decideix, destacó que, mientras en los municipios de Osona votó el 41,7% del censo, en el global de las 166 localidades convocadas el domingo a las urnas la participación sólo llegó al 27%.

«Sólo desde el acuerdo, el entendimiento y el diálogo entre todos los actores y los partidos políticos es posible tirar adelante un proyecto tan serio como un referéndum sobre la independencia de Cataluña», advirtió.

En esta misma línea, López Tena se desmarcó totalmente de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que uno de los portavoces de la Coordinadora (el alcalde de Arenys de Munt, Carles Mora) anunció que se trasladaría al Parlament para pedir la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en toda Cataluña el próximo 25 de abril.

El diputado de ERC Uriel Bertran consideró «injustos» los reproches de López Tena y pidió que «el esfuerzo colectivo no se malogre en polémicas personales». Según él, la Coordinadora «es absolutamente plural, porque en ella están representadas muchas organizaciones distintas», y recordó que la organización y escrutinio de las consultas fueron elogiados.

Sin embargo, Bertran también se desmarcó de la propuesta de Mora, que consideró fruto de la iniciativa personal del regidor de Arenys de Munt, el primer municipio catalán donde se celebró una consulta independentista, el pasado septiembre.

Mientras tanto, la «número dos» del PP, María Dolores de Cospedal, juzgó positivo que 7 de cada 10 catalanes no participara en la consulta, a pesar de la «pasividad» del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Generalitat, José Montilla.

El PP, añadió, hubiera sido más explícito que los gobiernos central y catalán en la defensa de la Constitución y la legalidad y en deslegitimar este tipo de actuaciones porque, aunque no tengan trascendencia, «perjudican al ordenamiento jurídico».

El secretario general de CDC, Artur Mas, no ocultó sus profundas reservas en torno a la idea de convocar pronto un referéndum de autodeterminación en Cataluña, aunque mostró su «máximo respeto» hacia las consultas soberanistas.

No obstante, tras valorar la iniciativa como una «manera digna, aunque no la única, de defender la dignidad de Cataluña», afirmó que el derecho a decidir «se debe aplicar en aquellos asuntos que más unen a la sociedad catalana», y en este momento la independencia no es uno de ellos.

Le acompañó el secretario general de Unió, socio de CDC en CiU. Josep Maria Pelegrí, quien advirtió de que la convocatoria en breve de un referéndum de autodeterminación en toda Cataluña podría «fraccionar» la sociedad catalana.

Por su parte, el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, subrayó que se ha confirmado que estas votaciones, «legítimas» pero sin validez legal, han sido un «error estratégico» y han servido para constatar que los independentistas son «pocos».