EFE
Madrid
La Audiencia Nacional ha condenado a 46 años de prisión a los etarras Francisco Javier García Gaztelu, «Txapote» e Irantzu Gallastegi Sudupe, «Amaia», por el asesinato del concejal del PP José Ignacio Iruretagoyena y por otro delito de estragos terroristas.
El fallo les obliga además a indemnizar a la mujer del edil, María José Imaz Aizpuro, con 1.652,78 euros por daños materiales y con 200.000 euros por daños personales y a pagar a sus hijos, Mikel y Eneko Iruretagoyena, la cantidad de 100.000 euros a cada uno, así como 952,44 euros al Ayuntamiento de Zarauz.
Tampoco podrán acercarse a menos de 500 metros de la localidad guipuzcoana o a aquella donde residan los familiares del fallecido, asesinado el 9 de enero de 1998 cuando explotó un artefacto en su coche que también causó daños a otra persona, hecho por el que el fiscal pedía 61 años de cárcel para ambos.
El tribunal considera probado que ambos atentaron contra el concejal «popular» aprovechando los datos que les había facilitado el también etarra Gregorio Escudero Balerdi, ya condenado por estos hechos, que se encargó de vigilar a la víctima durante varios días.
Además, la Audiencia ha condenado a 43 años y medio de prisión a los etarras Ismael Berasategi, Xabier Zabalo y Ainhoa Barbarin por la colocación de un coche bomba, el 18 de agosto de 2001, en un hotel de Salou (Tarragona), cuya explosión hirió a una veintena de personas.
Por otro lado, el 71% de los vascos tiene poca o ninguna confianza en el Gobierno vasco liderado por Patxi López, según el último estudio sociológico del Euskobarómetro del año 2009.
En este estudio, que elabora semestralmente la Universidad del País Vasco, los vascos se muestran mayoritariamente escépticos y pesimistas con la actuación de las instituciones, si bien valoran que ETA esté cada vez más debilitada.
Según el estudio, por primera vez ninguna institución ha obtenido el aprobado y la sociedad vasca ha suspendido a su clase política, lo que refleja, según Francisco Llera, director de la encuesta, «un sentimiento de fatiga institucional evidente, ya que se responsabiliza a los políticos de la situación económica».
Así, el 71% expresa tener poca o ninguna confianza en el Ejecutivo de Patxi López, dos de cada cinco hacen un análisis «claramente negativo» de su gestión y casi dos tercios siguen en desacuerdo con el pacto entre PSE y PP que sostiene al actual Ejecutivo socialista.