El Gobierno veta a Gibraltar por ser un territorio «sometido a descolonización»

Madrid

El Gobierno socialista, a propuesta del Ministerio de Exteriores, acordó vetar a Gibraltar como interlocutor en un protocolo europeo sobre intercambio de datos personales entre países al considerar al Peñón «territorio no autónomo», dependiente de Reino Unido y «sometido a un proceso de descolonización».

«Para el caso de que el presente protocolo sea extendido por el Reino Unido a Gibraltar, el Reino de España desea formular la siguiente declaración: Gibraltar es un territorio no autónomo de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido y que está sometido a un proceso de descolonización de acuerdo con las decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea General de Naciones Unidas», aseguró el Consejo de Ministros en una certificación firmada el pasado 30 de octubre.

Se trata de un convenio en el que se recoge «la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el derecho al respeto de la vida privada considerando el intenso intercambio de datos de carácter personal a través de las fronteras nacionales». En el escrito del gabinete socialista del 30 de octubre se recuerda cómo el 3 de julio ya se autorizó la firma de este protocolo, pero a petición del Departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos, se propusieron las apreciaciones relativas a Gibraltar.

Así, el Consejo de Ministros añadía que «las autoridades de Gibraltar tienen un carácter local y ejercen competencias exclusivamente internas que tienen su origen y fundamento en la distribución y atribución de competencias efectuadas por el Reino Unido, de conformidad con lo previsto en su legislación interna, en su condición de Estado soberano del que depende el citado territorio no autónomo».

«En consecuencia, la eventual participación de las autoridades gibraltareñas en la aplicación del presente Convenio se entenderá realizada exclusivamente en el marco de las competencias internas de Gibraltar y no podrá considerarse que produce cambio alguno respecto de lo previsto en los párrafos precedentes», sentencia el gabinete.

Además, fue Exteriores quien el 22 de abril propuso «solicitar el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado sobre si era necesaria la autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la definitiva prestación del consentimiento del Estado en obligarse por este Protocolo».