Madrid / Oviedo
El Tribunal Supremo (TS) ha aumentado de 2 años, 3 meses y un día a 10 años de inhabilitación la condena impuesta al juez Fernando Ferrín Calamita por un delito de prevaricación judicial por haber retrasado la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica.
El alto tribunal ha admitido parcialmente los recursos del fiscal, el juez y la mujer que iba a adoptar contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que le condenó por un delito de retardo malicioso en la administración de justicia con la agravante de desprecio de la orientación sexual.
El Supremo, no obstante, en lugar de ese delito aprecia ahora el de prevaricación, tal y como solicitaron el ministerio fiscal y la acusación particular. La Sala de lo Penal del TS considera que la intención del juez era impedir la aplicación de la solución adoptada por la ley -que admite el matrimonio entre personas del mismo sexo y prevé el supuesto de que el adoptado sea hijo del consorte del adoptante- aunque «actuara en paralelo a una ideología jurídica o metajurídica propia o de algún sector social». Además de la pena de inhabilitación, el TS impone a Ferrín Calamita una multa de 720 euros y una indemnización de 6.000 euros para la mujer que pretendía adoptar.
Por su parte, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha denunciado en un escrito remitido al CGPJ la vulneración del secreto de un proceso penal y la grave indefensión en la que le sitúan las «filtraciones interesadas» a medios de comunicación en relación con la denuncia contra él por los ingresos que recibió en Nueva York durante un permiso académico en EE UU entre 2005 y 2006.
Garzón presentó el escrito después de que la Comisión Disciplinaria del Consejo remitiera el martes a su Servicio de Inspección una nueva denuncia de los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón contra el magistrado por los mismos hechos.
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