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EFE Bilbao / Oviedo
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, alertó ayer de la amenaza de que ETA intente en las próximas fechas cometer un secuestro entre personas de «sectores significativos desde el punto de vista social». Las Fuerzas de Seguridad han extremado su coordinación para evitar un «atentado espectacular» que buscaría «notoriedad» en un momento de «debilidad» de la banda terrorista.
Rubalcaba cree que la debilidad operativa de ETA «le puede estar llevando a pensar en la posibilidad de llevar a cabo un secuestro que le permita una presencia mediática continuada durante la próxima presidencia española de la Unión Europea y demostrar a sus seguidores su aparente fortaleza». Sin descartar un asesinato, lo más factible sería el secuestro.
«Dada la debilidad y división interna que vive el entramado de ETA, no le vale cualquier atentado. Eso nos lleva a pensar que pueda llevar a cabo un secuestro porque es una acción espectacular; atraería la atención de la que en estos momentos carece y no tendría demasiados inconvenientes en relación con su mundo», subrayó el Ministro.
«Por esto hemos tomando las medidas oportunas y hemos acordado que, a partir de ya mismo, Ertzaintza, Policía y Guardia civil se coordinen pensando en esta posibilidad». Rubalcaba no quiso precisar el posible objetivo que tendría dicho secuestro, pero el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, añadió que «hemos acordado extremar las medidas de protección a todos los que pueden ser objetivo de ETA».
La información sobre un inminente secuestro o un atentado espectacular procede del Centro Nacional de Inteligencia y con ella trabaja la Guardia Civil. El PP vasco reconoció que ya había sido alertado del peligro. ETA ha recurrido en numerosas ocasiones al secuestro para conseguir fondos como para chantajear al Estado.
Los últimos rehenes de la banda fueron el funcionario José Antonio Ortega Lara, que sufrió un terrible cautiverio de 532 días desde enero de 1996 hasta julio de 1997, y el empresario Cosme Delclaux. En julio de 1997 fue secuestrado y asesinado el concejal popular Miguel Ángel Blanco tras la negativa del Gobierno de Aznar a acercar a los presos etarras al País Vasco.
En los documentos incautados en abril pasdo al ex dirigente del aparato político Ekaitz Sirvent aparece un plan de la banda para hacer rehenes entre objetivos relacionados con las obras de la Alta Velocidad. Además, el «comando Vizcaya» desarticulado hace un año tenía órdenes de secuestrar a un concejal socialista.
El presidente de la Asociación Española de Escoltas, Vicente de la Cruz, criticó que haya informado antes a la ciudadanía de las intenciones de ETA que a los encargados de proteger a los posibles objetivos de los terroristas. «Nos estamos jugando la vida y merecemos toda la preparación», censuró.
Rubalcaba, que firmó con Ares un acuerdo para que la Ertzaintza se incorpore al centro aduanero de Hendaya, no quiso responder a la petición del PP de que se investigue la información que asegura que el abogado José Manuel Gómez Benítez, vocal del Poder Judicial, informó a ETA de que el chivatazo que evitó la operación contra su red de extorsión era la prueba de la voluntad del Gobierno de negociar.
El jefe de la Subdirección Antiterrorista francesa, Christian Sainte, afirmó ayer que «ETA desea propagar en Francia alguna forma de desestabilización y no dudan en invertir mucho dinero en la adquisición de bares en Bayona».
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