El nuevo Registro Civil único es electrónico, reduce trámites y pone fin al libro de familia

Madrid / Oviedo
El primer Consejo de Ministros del año dio ayer luz verde al anteproyecto de ley del Registro Civil, que pone fin al tradicional libro de familia y crea un nuevo registro único y electrónico «pensando en las personas», que simplificará los trámites, agilizará procesos administrativos y supondrá la creación del Código Personal de Ciudadanía.

El nuevo Registro Civil se convertirá en una base de datos electrónica común, de modo que el ciudadano podrá realizar consultas por internet o realizar trámites en cualquiera de las oficinas del país. Además, dejará de estar «judicializado» y pasará a ser un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, de manera que, aunque sus actos seguirán sometidos al control de los jueces, serán funcionarios cualificados los encargados de los nuevos registros.

Se otorgará a cada persona una ficha única en la que figurará su historial civil desde su nacimiento. Los españoles recibirán al nacer un código personal de ciudadanía, correspondiente a una secuencia alfanumérica, que servirá para todos los trámites que el usuario precise realizar con el Registro Civil. Su ficha personal podrá ser consultada telemáticamente y también será accesible para las administraciones que lo necesiten de manera que no se exija nunca al ciudadano que presente una certificación del registro.

Dejarán de expedirse libros de familia: serán sustituidos por certificaciones registrales que solicitarán personalmente o a través de internet. Los registros tampoco se ocuparán de la tramitación de los expedientes matrimoniales. Los municipios se encargarán de ello y, celebrado el matrimonio, lo pondrán en conocimiento del registro. En cada autonomía habrá al menos una oficina de Registro Civil y otra más por cada 50.000 habitantes.

Por otra parte, el Consejo de Ministros fijó ayer los criterios de seguridad en la administración electrónica para ofrecer la ciudadano un servicio unificado desde internet. Además remitió a los órganos consultivos el anteproyecto de ley de Economía Sostenible. En cuanto a la lucha contra el fraude, acordó que la banca deberá informar anualmente a Hacienda de los pagos o cobros en metálico superiores a 3.000 euros que realicen empresarios y profesionales.