Barcelona / Oviedo
El Pleno del Ayuntamiento de Vic apoyó ayer por mayoría la nueva normativa que impide el empadronamiento en el municipio de los inmigrantes en situación irregular. El alcalde, Josep María Vila d'Abadal, de Unió, explicó que la aplicación de la medida se pospone al 4 de febrero, hasta conocer un informe jurídico externo.
La Corporación celebró un Pleno ordinario, en el que en principio no se iba a debatir esta polémica medida, pero finalmente se acabó discutiendo en el turno de ruegos y preguntas, donde CiU, PSC y ERC (en el gobierno municipal) dieron su conformidad, al igual que la ultraderechista Plataforma per Catalunya, en la oposición.
«Los inmigrantes ilegales no pueden trabajar y por eso no los podemos empadronar. Mi obligación es hacer cumplir la ley», dijo el Alcalde, quien añadió que esta prohibición «se limita única y exclusivamente a eso». Las direcciones nacionales de CiU, PSC y ERC han optado por mirar a otra parte y han evitado desautorizar a sus representantes políticos en Vic.
Mientras, la medida ha sido calificada de ilegal por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y el ministro de Trabajo, José Corbacho. En cambio, el titular de Justicia, Francisco Caamaño, se ha excusado diciendo que está a la espera de que la abogacía del estado se pronuncie. El Consejo del Poder Judicial confía en que «se podrá reconducir» esta decisión que ayer fue reprobada por la Federación Española de Municipios. El PP achacó el problema al «errático modelo» de inmigración del Gobierno. Para IU, este veto es propio de la Alemania nazi.
