Madrid / Oviedo
La Sala de lo penal del Tribunal Supremo acordó ayer por unanimidad el archivo de la causa por desobediencia abierta contra el actual lendakari, Patxi López; el anterior, Juan José Ibarretxe; el ahora consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, y cinco aberzales, entre ellos, Arnaldo Otegi, por mantener reuniones coincidiendo con la tregua de ETA en el año 2006, estando ya ilegalizada Batasuna. Considera que los hechos no fueron constitutivos de delito.
El tribunal, integrado por los magistrados Juan Saavedra, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza y Alberto Jorge Barreiro, estimó por mayoría el recurso del Foro de Ermua y Dignidad y Justicia contra el archivo que hace un año acordó la máxima instancia judicial en Euskadi.
Frente al Tribunal Superior vasco, que en su día aplicó a este caso la «doctrina Botín», el Supremo ha optado por la «doctrina Atutxa» para considerar que ambas acusaciones populares pueden solicitar juicio oral sin necesidad de que lo haga la fiscalía. Esta postura cuenta con el voto particular de uno de los magistrados.
Además, el Supremo entra en el fondo del asunto para afirmar que los hechos denunciados (las reuniones con los representantes de la ilegalizada Batasuna) no son constitutivos de delito. Las acusaciones pedían penas superiores a los dos años.
El PSE y el PNV mostraron su satisfacción por el fallo, mientras que el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia expresaban su sorpresa ante un «fallo muy poco fundamentado» y acusaban al Supremo de que, ante la presión política, ha buscado «quedar bien con todos». La Presidencia del Gobierno vasco se limitó a reafirmar su convicción de que «no hubo delito» en esas reuniones. «Se cierra un caso que nunca debió haberse iniciado», dijo el socialista José Antonio Pastor. Iñigo Urkullu (PNV) destacó que se ha puesto punto final «a un despropósito judicial de Tribunal Superior vasco». El PP hizo hincapié en que fue un «tremendo error legitimar a Batasuna en aquellas negociaciones».
El PSOE saludó el fallo, y Felipe González se declaró preocupado por la dependencia política de algunas decisiones judiciales como ésta misma y la esperada sobre el Estatuto catalán. Añadió que tanto él como Zapatero y Aznar ordenaron hablar con ETA.