Pedraz sienta en el banquillo a Txeroki y cuatro etarras más por el atentado de la T-4

Madrid / Oviedo

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cerró ayer la investigación sobre el atentado contra la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas que tuvo lugar el 30 de diciembre de 2006, que provocó la muerte de dos ciudadanos ecuatorianos, para que la Sala de lo Penal juzgue al ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, «Txeroki», y a otros cuatro presuntos etarras, según fuentes jurídicas.

El magistrado, que dictó ayer auto de conclusión del sumario, acusa a Txeroki de ordenar el atentado y a los miembros del «comando Elurra» Igor Portu, Mattin Sarasola, Joseba Aranibar y Mikel San Sebastián de llevarlo a cabo. Todos ellos se encuentran en prisión preventiva en Francia y España por éste y otros hechos delictivos.

Mientras, el PP ha decidido elevar al Pleno del Congreso el caso sobre el supuesto chivatazo policial a dirigentes de la trama de extorsión de ETA, durante la última tregua de la banda terrorista, el conocido como «caso Faisán». Con este objetivo los populares han registrado una petición para que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dé explicaciones en sesión plenaria sobre los hechos. Además, el PP insiste en que, tras dar explicaciones, el Ministro debe «dimitir».

El partido de Mariano Rajoy ya planteó varias preguntas y una interpelación a Rubalcaba en el Pleno del Congreso durante el anterior período de sesiones, pero, según explica en un comunicado, los datos conocidos en los últimos días sobre el caso les han llevado a solicitar una comparecencia específica del titular de Interior en el hemiciclo.

En París, un oficial de la Policía antiterrorista francesa aseguró que ETA aprovecha los períodos de tregua para reorganizarse, en particular para cometer robos con los que reconstituir sus arsenales de armas y explosivos, y no deja de extorsionar a empresarios para financiarse. Estas declaraciones se producen 24 horas después de que la banda afirmase, en un comunicado publicado en el diario «Gara», que descarta cualquier tregua, porque éstas nunca han conducido hasta ahora a lo que la organización califica de «proceso democrático».

Terroristas de otro grupo, los GRAPO, comparecieron ayer en la Audiencia Nacional para ser juzgados por el asesinato de dos guardias de seguridad en Vigo durante un robo en 2000. El jefe militar de la banda, Marcos Martín Ponce, y la activista Mónica Refojos acusaron al ex dirigente expulsado Fernando Silva Sande, con el que intercambiaron insultos en la sala, de violar ese mismo año a otra terrorista del grupo. Martín Ponce acusó a Silva Sande de la muerte de los dos guardias y aseguró que el ex responsable militar de la banda, expulsado a raíz de la violación, se creía un «cowboy».