El PSC ordena a sus ediles de Vic oponerse a la prohibición de empadronar a ilegales

Barcelona / Oviedo

La Comisión Ejecutiva del PSC dio órdenes ayer a sus concejales en el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) para oponerse a cualquier modificación restrictiva en el padrón de la ciudad para dificultar el empadronamiento de los inmigrantes irregulares. El Ayuntamiento de Vic está gobernado por CiU, con el apoyo de ERC y el PSC.

El portavoz y viceprimer secretario del PSC, Miquel Iceta, explicó la decisión de su partido en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva de los socialistas catalanes, a la que asistió su primer secretario y presidente catalán, José Montilla, quien recientemente se reunió con el alcalde de Vic, el socialcristiano Josep Maria Vila d'Abadal.

Iceta aprovechó para cargar contra el líder del PP, Mariano Rajoy, por mostrar comprensión hacia las intenciones iniciales del Ayuntamiento cuando, recordó, «fue él quien firmó en 1997 la orden» en la que se establecen los requisitos del padrón, en lo que ve una «contradicción».

Iceta puso «en contradicción» el «sentimiento humanitario» derivado de la catástrofe en Haití y «la falta de sensibilidad de algunos con la gente que está con nosotros», una «hipocresía» que «está condenada en la Biblia», remachó.

Además, el PSC dio a conocer un documento fruto del pacto nacional (catalán) por la inmigración, suscrito el pasado 26 de octubre por el Govern de la Generalitat, las cuatro diputaciones catalanas, diversos consejos comarcales y 27 ayuntamientos, entre ellos el de Vic. En ese texto se defendía empadronar a cualquier inmigrante, con independencia de su situación legal. El concejal de Acción Social y Ciudadanía de Vic, Joan López (ERC), avaló este acuerdo en nombre del Consistorio.

Este documento deja claro que «empadronarse es un derecho y una obligación para todo el mundo, sea cual sea su nacionalidad y su situación administrativa», y alerta de que poner obstáculos al empadronamiento priva a los inmigrantes del acceso a «derechos fundamentales» y los expone «a situaciones de alta vulnerabilidad». Asimismo, el texto añade que «no estar empadronado tampoco exime al ente local de las obligaciones que le son propias», como la escolarización de los menores o bien la recogida de basuras.

Mientras, el propio Ayuntamiento de Vic explicó que un informe jurídico elaborado por el bufete de abogados Roca Junyent asegura que su intención de no permitir el empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular «no puede ser tildada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley».

En un comunicado, el Consistorio de la localidad barcelonesa informó de que tras recibir el informe, encargado por el propio Ayuntamiento, registró una instancia en la Subdelegación del Gobierno en Barcelona dirigida al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que le reclama que informe por escrito sobre los requisitos exigibles a los pasaportes que presentan los inmigrantes para poder inscribirlos.

La polémica de Vic se ha transformado en paralelo en una batalla sobre la inmigración ilegal entre PSOE y PP. Así, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, tachó de «ridícula» la propuesta del PP de endurecer la ley de Extranjería tras los hechos de Vic y acusó al líder de los populares, Mariano Rajoy, de «rayar el ridículo» al utilizar la inmigración para «crear confrontación» cuando su grupo «nunca habla del tema ni presenta propuestas de ningún tipo».

Por su parte, el diputado del PP Rafael Hernando sostuvo que el PSOE actúa con «cinismo» y «según convenga» en materia de inmigración, porque en Vic, aseguró, el Ayuntamiento, del que forma parte el PSC, ha decidido vetar el padrón a los extranjeros no regularizados, mientras que el Gobierno, «incumpliendo la ley», facilita que se queden en España. Hernando hizo estas declaraciones varias horas después de que los socialistas catalanes se desmarcaran de la medida impulsada por CiU y que, hasta ahora, han apoyado los socialistas de Vic.