Barcelona / Oviedo
El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU) aseguró ayer que la Corporación «acata, aunque no comparte» la «orden indirecta» de la Abogacía del Estado que considera improcedente negar el empadronamiento a inmigrantes en situación irregular y exigió al Gobierno más recursos para atender al colectivo. Los socialistas saludaron la renuncia del regidor a una idea que «no gustaba a nadie», mientras que ERC mostró su comprensión hacia el Ayuntamiento porque se encuentra «desamparado».
«Seguiremos empadronando como hasta ahora a la gente que viene a Vic con pasaporte sin visado», dijo Vila d'Abadal, quien subrayó que «Vic no es xenófoba» sino «pionera en el modelo de inmigración». El Alcalde instó al Gobierno a que cumpla y haga cumplir la ley de Extranjería y ayude económicamente a los municipios que tienen mayor número de inmigrantes con problemas económicos y de papeles. Además advirtió de «eludir el tema de la inmigración en época de crisis alimenta la xenofobia de verdad, la de la extrema derecha».
El presidente Zapatero abogó por facilitar educación y sanidad a los inmigrantes «más allá de su condición legal», mientras que Felipe González lamentó «el griterío irracional» ante los flujos migratorios que achacó a las «prisas electorales de algunos partidos» y abogó por dar acogida a quienes llegan de otros países.
El portavoz socialista José Antonio Alonso saludó la decisión del alcalde de Vic de dar marcha atrás en una medida que «no gustaba a nadie». El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, advirtió de que si algún Ayuntamiento impide el empadronamiento de extranjeros sin papeles «habrá que adoptar las medidas legales previstas». Además, aseguró: «Cualquier persona» podrá con su denuncia activar así «los procesos legales correspondientes».
El presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Badalona, Xavier García Albiol, afirmó que los servicios sociales de esta ciudad están «a punto» del «colapso» y dio a entender que, llegada esa situación, elegirá dar ayudas sociales a un vecino antes que a un inmigrante ilegal. También aseguró que si los servicios sociales están «desbordados es porque «hay un mal planteamiento del Gobierno» y porque la Generalitat «ha reducido las partidas económicas para servicios sociales y para ordenar la inmigración».
El PP justificó los requisito del Ayuntamiento de Torrejón para empadronar a los «sin papeles», a la vez que urgió al presidente Zapatero a abrir «un debate sereno sobre inmigración» y pidió consensuar la ley de Extranjería porque hasta el PSOE admite «contradicciones».
Leire Pajín respondió que los populares buscan crear «un problema de convivencia». El líder CiU, Artur Mas, ve una contradicción en la exigencia de empadronar a los «sin papeles».
Esquerra tachó de frívola la actitud del Gobierno y dijo «entender» al Ayuntamiento de Vic y a otros muchos consistorios porque se encuentran «desamparados ante una legislación en la que no deciden nada y que les traspasa el problema».