Barcelona / Oviedo
Mariano Rajoy defendió ayer en Barcelona que los inmigrantes no deban empadronarse para acceder a los servicios básicos, sino que la sanidad y la educación se presten a cualquier ser humano, y abogó además por expulsar a los «sin papeles» que cometan un «delito doloso» castigado con más de 6 meses de prisión. El líder del PP llevará ambas propuestas al Congreso para endurecer la ley de Extranjería.
Rajoy exigió poner «orden y control» a la inmigración y determinar la capacidad de acogida de España. Para ello no dudó en echar mano del «contrato de integración» con el que en 2008 se comprometía a imponer al recién llegado la obligación de respetar las costumbres españolas y aprender el castellano.
El líder de la oposición pretende cambiar la ley de Extranjería para «prohibir las regularizaciones masivas», porque es «disparatado» que un inmigrante piense que si viene sin papeles tarde o temprano le regularizarán. El PP quiere además que «no se pueda conceder autorización para residir y trabajar» a los extranjeros con «orden de expulsión».
Tras la polémica por la abortada oposición del Ayuntamiento de Vic a empadronar a los «sin papeles», Rajoy dijo ayer que «todos los seres humanos tienen derecho a los servicios básicos». Acto seguido añadió que su propuesta de acceder a la sanidad y la educación sin constar en el registro municipal servirá para salvar la contradicción legal de «empadronar y expulsar a los inmigrantes irregulares».
Rajoy advirtió al Ayuntamiento madrileño de Torrejón de Ardoz, gobernado por el PP, de que la ley «hay que cumplirla», y deploró que su partido fuera calificado de «facha» por criticar la «demagogia» de «papeles para todos». «Si los derechos de sanidad o educación no los garantizara el padrón, sino el hecho de ser seres humanos, sin ningún documento, ya nos evitaríamos muchos problemas», añadió. Por otra parte, Rajoy afirmó que el Estado autonómico debe «cerrarse» porque «ya está hecho» .
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega respondió a Rajoy que el debate sobre el padrón es «oportunista y malintencionado» y aseguró que la mayoría de los extranjeros registrados están en situación legal. El ministro de Fomento, José Blanco, acusó al líder del PP de mantener una actitud «hipócrita» al pedir eliminar el padrón para recibir las prestaciones sanitarias o educativas, puesto que «la norma la hizo él».
El alcalde de Vic, Josep María Vila (CiU), acusó al Gobierno y a la Generalitat de «buenismo» y no afrontar el problema. Aseguró que todavía está esperando a Rubalcaba y que las declaraciones de Zapatero demuestran que no tiene nivel.
