Barcelona / Oviedo
El secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, advirtió ayer a sus cargos municipales que les suspenderá de militancia si votan a favor de acoger en Ascó (Tarragona) el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, más conocido como cementerio o basurero nuclear.
En declaraciones a «Europa Press», Puig dijo que su partido no está en contra de la energía nuclear, aunque reiteró que debe respetarse la resolución aprobada por el Parlament rechazando la instalación de cementerios nucleares en Cataluña.
«Hemos de poner de manifiesto que la cuota de contribución nuclear Cataluña ya la tiene más que cubierta, incluso saturada, y por eso nos reafirmamos en la resolución del Parlament para rechazar el almacén», sentenció. Puig apuntó que la dirección de su formación respeta la autonomía local, reconociendo que acoger el cementerio pueda ser una «oportunidad» para el municipio, pero reiteró que si el Consistorio de Ascó lo aprueba, entonces los cargos de CiU podrían ser suspendidos de militancia.
Las amenazas de Puig enlazan con las lanzadas el viernes por la dirección regional de CiU en las Tierras del Ebro, aunque entra en contradicción con las declaraciones del presidente de la coalición, Artur Mas, quien ese mismo día aseguró que los concejales de Ascó tienen autonomía para decidir lo que crean mejor para la localidad.
El otro punto de polémica en relación con el ATC sigue encontrándose en el PP, y en particular en el de Castilla-La Mancha, después de que el Ayuntamiento de Yebra (Guadalajara) aprobara la candidatura de ese municipio. Pese a que el vicesecretario general de política local y regional del partido, Javier Arenas, aseguró que no habrá sanciones para los concejales populares de Yebra, desautorizando así a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, ayer aparecieron nuevas voces con nuevas interpretaciones.
El secretario regional del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, señaló que el expediente informativo abierto por el PP de Guadalajara al alcalde de Yebra y a los concejales populares «se tiene que instruir por el órgano competente que es el Comité de Derechos y Garantías, y ahí absolutamente nadie tiene que interferir, porque es un órgano independiente». No obstante matizó que abrir un expediente no prefigura ninguna conclusión.
Por otra parte, el diario «El Mundo» informó ayer de que el alcalde de Yebra trabajaba en la extinta central de Zorita y que, tras el cierre de la misma, ha pasado a depender de la Empresa Nacional de Residuos Sólidos (Enresa), que será la encargada de dirigir el cementerio nuclear.
IMPRIMIR PÁGINA »
AUMENTAR TEXTO »
