Barcelona / Oviedo
CiU ha ideado un nuevo tipo de consulta popular que a diferencia de los referendos no exigiría autorización estatal y que, según sus cálculos, permitiría organizar en Cataluña, dentro de un marco de legalidad, consultas de carácter soberanista.
La federación nacionalista ha presentado un total de 174 enmiendas al proyecto de ley de consultas populares por vía de referéndum, elaborado por el Gobierno de la Generalitat, en las que inventa una nueva figura, la de las «consultas ciudadanas», que pretenden sortear la exigencia del visto bueno del Estado requerida para convocar cualquier referéndum.
La clave de la fórmula, que, según CiU, evitaría topar con el eventual rechazo del Gobierno español a una hipotética consulta como la que pretendía impulsar en el País Vasco el ex lendakari Juan José Ibarretxe, radica en que, en lugar de utilizar el censo electoral oficial, como ocurre con los referendos, emplearía un «registro de consultas ciudadanas».
Este registro, gestionado por el Instituto de Estadística de Cataluña, estaría abierto a los mayores de edad que tengan la condición de «vecindad civil catalana» y los mayores de edad de nacionalidad española con dos años de residencia en Cataluña, así como los extranjeros también mayores de edad que acrediten cinco años de residencia consecutiva en territorio catalán. De hecho, las consultas soberanistas celebradas en diciembre en más de 160 municipios ya permitieron votar a inmigrantes empadronados en las localidades donde se convocaron las consultas.
Según la diputada de CiU en el Parlament Dolors Batalla, con la fórmula de las «consultas ciudadanas», estas consultas municipales sobre la independencia de Cataluña se podrían convocar de forma «legal» sin necesidad de pedir autorización al Estado.
Batalla aseguró que esta fórmula de «ingeniería jurídica», al esquivar las condiciones impuestas para un referéndum, permitiría incluso organizar en toda Cataluña una eventual consulta de autodeterminación.
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