Madrid / Oviedo
La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se mostró partidaria de la «cadena perpetua revisable» y de la reforma de la ley del Menor a raíz de la nueva detención de El Rafita por el robo de un coche que, en su opinión, demuestra que algo «falla» en la normativa actual. En el mismo sentido se pronunció Rosa Díez para evitar, dijo, una reducción automática de penas en los grandes crímenes.
«Falla la ley del Menor», afirmó Aguirre, quien se mostró partidaria de «la cadena perpetua revisable», que permita estudiar al cabo de los años la capacidad de «arrepentimiento» o de «reinserción» del delincuente. «La sociedad quiere que los delincuentes cumplan íntegramente sus condenas», añadió.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que este «es un debate que está en la calle y nos hemos hecho eco. Hasta ahí hemos llegado». En cambio evitó aclarar si presentarán una iniciativa parlamentaria sobre la cadena perpetua o si la incluirá en su programa electoral, un día después de que el presidente de PP andaluz, Javier Arenas, pidiera abrir este debate con motivo del primer aniversario de la desaparición de Marta del Castillo.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, pidió que no se intente «rentabilizar el dolor de las víctimas» con determinadas propuestas de instaurar la cadena perpetua, acusó al PP de pretender reformar el Código Penal «a golpe de Facebook» y advirtió de que la cadena perpetua tiene un «difícil encaje» en la Constitución.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, criticó el «populismo barato» de Arenas y defendió que el régimen penal español «es el más duro de Europa». Además acusó al PP de «hacer incursiones» por la extrema derecha «por miedo a perder ese electorado», con propuestas que «cambian de día en día y son cada vez más disparatadas» y provocan «una confusión terrorífica».
La Asociación de Jueces para la Democracia (JPD), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Magistrados Francisco de Vitoria coincidieron en destacar que la cadena perpetua, sea para menores de edad o para adultos, «no tiene encaje constitucional» en España, donde la pena de prisión tiene como fin la reinserción del delincuente.
Por otra parte, el Tribunal Supremo considera que la interpretación del Constitucional sobre la forma de computar la prisión preventiva a los reclusos que cumplan condena por otros delitos favorece a los reos que más delitos y más largas penas acumulen frente a los que delincan una sola vez. Añade que el nuevo criterio del TC «provoca la creación de "facto" de un beneficio penitenciario no previsto precisamente por el legislador, con clara incidencia en materia de ejecución de condenas y con efectos incalculables e imprecisos».
Todo ello «al quedar el licenciamiento definitivo al albur del caso concreto, quebrando el principio de legalidad en materia penal y penitenciaria», añade la sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra.
