Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, al ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga y a otros seis dirigentes de la izquierda aberzale por intentar reconstruir la formación ilegalizada a través del grupo Bateragune.

El magistrado ha adoptado esta decisión a instancias de la fiscalía, si bien no ha asumido su petición de procesar al histórico dirigente de Batasuna Rufi Etxebarria, al considerar que no existen indicios razonables de criminalidad contra él.

Además de Otegi y Díez Usabiaga, que están presos desde el pasado 16 de octubre, el juez ha procesado por integración en organización terrorista a la ex tesorera del PCTV-EHAK Sonia Jacinto; a Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, y a Arkaitz Rodríguez, que fue juzgado en 2006 por ser miembro de los aparatos de captación e información de ETA y que resultó absuelto.

Los otros tres procesados son José Luis Moreno Sagües (Txelui), candidato al legislativo foral en una lista que fue ilegalizada, José Manuel Serra y Amaia Esnal, que quedaron en libertad con una fianza de 10.000 euros.

Garzón sostiene que Otegi era el máximo responsable del Bateragune y entre sus actividades estaría la de «conseguir treguas encubiertas para Euskal Herria de acciones de ETA» en Euskal Herria para facilitar «los contactos» con formaciones soberanistas «que se muestren contrarias a la violencia y que exijan su cese como requisito para continuar».

De otro lado, los presos de ETA iniciaron ayer una huelga de hambre, tanto en Francia como en España, en protesta, entre otras cuestiones, por la política de dispersión penitenciaria, según informó ayer «Gara». Este diario publicó en su versión digital un comunicado del colectivo de presos etarras (EPPK) en el que éstos afirman que no tienen que aceptar que ninguno de ellos «esté aislado, alejado o dispersado» y tachan de «criminal» la política de dispersión.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró que las movilizaciones anunciadas por el colectivo de presos de ETA «tienen más que ver» con la cohesión interna de los reclusos que con la política penitenciaria, cuyo núcleo sustancial, dijo, se mantiene desde hace más de veinte años y «no se modificará ni un ápice».