Madrid / Oviedo
La nueva ley de Gobierno Local que prepara el Ejecutivo para que entre en vigor en 2011 incluirá, dentro del estatuto del vecino, la obligación de los ayuntamientos de empadronar a todos los ciudadanos que vivan en su territorio, incluidos los inmigrantes indocumentados, según explicó ayer a la Federación Española de Municipios y Provincias el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.
Antes de esa reunión, la FEMP dio su visto bueno al informe jurídico que avala la obligación de empadronar a los inmigrantes tras el debate a raíz de que el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) se negara a registrar a los indocumentados .
Zarrías subrayó que la nueva norma, que el Gobierno empezará a negociar la próxima semana, especialmente con el PP, «dejará claro que toda persona que viva en España tiene derecho a ser inscrita y la obligación de solicitar su inscripción en el padrón». La ley de Gobierno Local incluirá, además, medidas contra la corrupción y el transfugismo en los ayuntamientos, además de otras para impedir que grupos como ANV controlen corporaciones.
Según el informe jurídico de la FEMP, los ayuntamientos tienen la obligación de registrar a los sin papeles y si no, el Estado, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), podrá hacerlo ejerciendo la acción sustitutoria prevista en la ley de Bases del Régimen Local. Sin embargo, el empadronamiento «no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente». La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega acusó al PP de usar de manera «partidaria, oportunista e irresponsable» el debate sobre el empadronamiento de inmigrantes.