Madrid
Otro pequeño pueblo castellanomanchego, Villar de Cañas (Cuenca), irrumpió ayer en la carrera por albergar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos, al que ya optan Yebra y Ascó, que recibieron el respaldo de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC).
Aunque trascendió ayer, Villar de Cañas tomó su decisión ya el viernes, en un Pleno al que sólo se sumó un vecino, además de los cinco ediles de la Corporación (cuatro del PP y uno independiente), que votaron a favor por unanimidad. El regidor, José María Saiz, explicó que el silo es «muy goloso» por la inversión que conlleva.
Mientras aumenta la lista de municipios que se postulan, sigue la confrontación política e institucional y el enfrentamiento de los alcaldes con las direcciones de los partidos a los que pertenecen y con los máximos responsables de sus comunidades autónomas.
En este clima, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, anunció que empleará «todas las formas legales» a su alcance para rechazar el silo, sin descartar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, criticó la candidatura de Villar de Cañas: «Es curioso que se haya aprobado prácticamente en la clandestinidad».
Mientras, la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, eludió pronunciarse sobre la decisión del pueblo conquense e insistió en que la decisión compete al Gobierno central y requiere «consenso social». «No es de recibo que el Gobierno de España, que es el que tiene que decidir por razones técnicas y de seguridad la ubicación del ATC, dé la callada por respuesta y el ministro de Industria esté desaparecido», dijo.
La respuesta desde el Gobierno central llegó desde la vicepresidencia tercera, cuyo titular, Manuel Chaves, insistió en que, aunque la decisión última sobre la adjudicación corresponde al Ejecutivo, su intención es adoptarla «por consenso» con los municipios y comunidades afectados y la oposición. Eso sí, agregó: «Esos almacenes se tienen que hacer y se tienen que ubicar».
De su lado, y aunque reafirmó el rechazo de su Ejecutivo a la candidatura de Ascó, el presidente catalán, José Montilla, dejó el caso en manos del Gobierno central, tras marcar distancias con sus socios al recordar que no es antinuclear.
Por su parte, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ve «muy difícil de justificar» que Cataluña y Castilla-La Mancha, ambos socialistas, se opongan al silo nuclear cuando sus diputados apoyaron en el Parlamento su construcción.
Terció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a quien le parece «humano, comprensible», pero no «lógico», que todos «estemos de acuerdo» en que hay que instalar basureros nucleares, pero «no los queramos en el patio trasero de nuestra casa».