Agonía de los feudos en Galicia

ÁNXEL VENCE Influyentes y hasta poderosos mientras Galicia fue una sociedad básicamente rural, los feudos acaban de dar el canto del cisne con la victoria que José Luis Baltar obtuvo este fin de semana en Orense. A despecho de las apariencias más o menos engañosas, el triunfo del último representante de la llamada facción «de la boina» dentro del Partido Popular no deja de ser uno de los postreros estertores de un caciquismo que alcanzó rango de histórico y tópico en ese territorio del Noroeste.

Llevaba Baltar casi veinte años al mando de la provincia que ahora ha dejado en herencia a su hijo tras derrotar en el congreso territorial del PP al candidato apoyado por la dirigencia del partido, con Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo al frente. No es la primera vez que el barón conservador de Orense se atrinchera en su señorío territorial, pero muy probablemente será la última. A diferencia de lo que ocurría hace dos décadas, Baltar es hoy una especie de último mohicano que sobrevive -un tanto anacrónicamente- al surgimiento de una nueva Galicia urbana que ha dejado sin suelo electoral a los antiguos señores que intercambiaban favor por voto.

Atrás, aunque no mucho, quedan los tiempos en que los partidos -y especialmente el conservador- se organizaban en territorios autónomos gobernados por los jefes de clan de cada provincia. A Baltar lo acompañaban entonces otros barones con mando en plaza como Francisco Cacharro, que ejercía sus dominios sobre Lugo, o Xosé Cuiña, que a su condición de eterno delfín de Fraga agregaba la de barón territorial de Pontevedra y cabeza de un vigoroso sindicato rural de alcaldes.

Al igual que hicieran sus predecesores, todos ellos mantenían una estrecha relación simbiótica de intercambio con el poder: ya fuese el que antiguamente tenía su sede en Madrid, ya el que, con la nueva articulación autonómica del Estado, pasó a tener residencia en Santiago de Compostela. A cambio de una bolsa siempre segura de votos y escaños, los caciques -grandes o pequeños- obtenían de los jefes del partido al que alquilaban su clientela la garantía de poder operar con total libertad en sus respectivos territorios.

Ni siquiera el viejo patrón, fundador y refundador de la derecha española, Manuel Fraga, pudo hacer valer esos títulos de autoridad frente a los barones provinciales que, de hecho, condicionaron hasta el final su largo mandato de quince años en Galicia. Tanto es así que, en vísperas de la derrota electoral del PP en las autonómicas de 2005, Baltar no dudó en amenazar a Fraga con retirarle el apoyo de sus mesnadas de diputados y alcaldes, junto al cuantioso tesoro de votos del que disponía. En aquel contexto político vagamente medieval, no se trataba tanto de un amago de escisión como de la ruptura del contrato de prestación de servicios que uno de sus condes provinciales mantenía con el presidente de la Xunta y del partido conservador.

Complicaba aún más la situación el hecho -algo sorprendente- de que los dueños de las redes clientelares existentes en la Galicia rural identificasen su causa con la del galleguismo. Usuarios habituales de la lengua del país y practicantes a la vez de una variante más bien folclórica del nacionalismo, los barones del campo consiguieron efectivamente que se les identificase como el gremio «de la boina» encargado de guardar las esencias frente al supuesto centralismo de sus adversarios urbanos «del birrete».

En realidad, no dejaban de ser los herederos de la vieja tradición de caciquismo que durante décadas alumbró, por mera lógica, la sociedad rural gallega. Dividida en más de 32.000 núcleos de población -equivalentes a la mitad del total de España-, aquella Galicia dispersa era el caldo de cultivo natural para que los caciques agrarios asumiesen por la vía de los favores el papel de un Estado a menudo inexistente. Lo cierto es que cumplían subsidiariamente muchas de sus funciones: desde negociar el arreglo de una pista o un lavadero hasta arreglar cualquier papel a cambio de la fidelidad del beneficiado por su asistencia.

Los jefes rurales agrupados en el sindicato de la «boina» alcanzarían el cénit de su poder cuando en el congreso del PP gallego de 1998 situaron en humillantes puestos de gallinero a Mariano Rajoy y a José Manuel Romay Beccaría, representantes del entonces minoritario bando urbano del «birrete». Pero aquello fue sólo un espejismo.

Poco a poco los caciques rurales vieron cómo el suelo desaparecía bajo sus pies a medida que la población de Galicia se iba desplazando -con prisa y sin pausa- desde el campo a las ciudades en un proceso que vació las tierras del interior en apenas dos décadas. La caída del poderoso Cuiña, arrastrado por la onda sísmica del «Prestige», fue el primer síntoma de que esos cambios de fondo empezaban a provocar su efecto en la arcaica -por no decir medieval- relación de poder de los barones territoriales y los políticos que ejercían el papel de apoderados en Santiago o Madrid. El lucense Cacharro no tardaría en sufrir el mismo destino. Tan sólo Baltar resistió -y resiste aún- en sus dominios de Orense a la embestida de los nuevos dirigentes urbanos del partido conservador; pero todo sugiere que el final de ese anacronismo es mera cuestión de tiempo.

Extinguidos o en vías de extinción por parecidas razones ambientales a las que causaron el declive de los dinosaurios, los miembros del ala rural del partido conservador en Galicia perdieron su última batalla tras la derrota de Fraga en las elecciones de 2005. El vacío de poder lo cubrió a partir de entonces el ala más urbana del PP comandada por Feijóo, quien, además de hacerse con el control del partido, recuperó al primer envite la Presidencia de la Xunta para la derecha.

Cierto es que Feijóo acaba de fracasar en su empeño de poner fin en Orense a los reductos territoriales y con ellos a las viejas maneras de hacer política; pero acaso el tiempo juegue a su favor. El tiempo y, sobre todo, la tendencia de la población gallega a concentrarse en las grandes áreas urbanas que poco a poco ha ido despoblando de votantes dirigidos los graneros de los cosechadores de papeletas a cambio de padrinazgo. Baltar, último y pertinaz barón del voto, ha resistido este primer asalto, pero la realidad de la nueva Galicia urbana conspira contra él.