Madrid / Oviedo, Agencias
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha citado para hoy por la tarde a tres policías que participaron en la investigación sobre el «chivatazo» que supuestamente alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en 2006, informaron fuentes jurídicas.
Así lo acordó el magistrado en una providencia notificada a las partes, después de que la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal le ordenara el lunes practicar nuevas pruebas en la causa.
En concreto, el juez solicita a la Policía que le facilite los datos de la cabina desde la que el dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosua, realizó las llamadas, así como que informen sobre si estaba intervenida, y si existe una relación de llamadas entre Elosua -que fue quien, supuestamente, recibió el «chivatazo»- y el miembro del aparato de extorsión de ETA Cau Aldanur.
Garzón, que también solicita las transcripciones de las llamadas realizadas desde la cabina y desde el teléfono móvil, cursará comisión rogatoria a Francia una vez que reciba el informe de la Policía para que las autoridades galas le informen sobre si existe algún análisis de las llamadas realizadas los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006. Además, el magistrado preguntará a Francia si el motivo de suspender su intervención en la operación policial contra la red de extorsión de ETA desarrollada el 4 de mayo de 2006 «tuvo por motivo una filtración».
Los tres policías a los que el magistrado tomará declaración hoy son el responsable principal de la investigación y dos miembros de la Brigada Provincial de San Sebastián a los que la sala identifica como «Unai» y «Sugoi».
El tribunal, compuesto por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y el ex portavoz del CGPJ Enrique López (ponente), entiende que los hechos son constitutivos de un delito de revelación de secreto y de colaboración con banda armada, «hechos que de ser realizados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España».
Por su parte, el PP ha pedido al presidente del Congreso, José Bono, que adelante las preguntas a Alfredo Pérez Rubalcaba durante la sesión de control para que hoy sin falta responda sobre el «caso Faisán», y así no «burle» a la Cámara alegando problemas de agenda para no responder mañana.
Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó dar un plazo de diez días al juez Garzón para que formule las alegaciones que considere oportunas sobre el inicio por este órgano de los trámites para suspenderle en sus funciones, en relación con las dos causas abiertas contra él en el Tribunal Supremo.
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, defendió que el juez «tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a ser oído» y que la aplicación de la medida «no tiene nada de excepcional», porque supone aplicar el artículo 24 de la Constitución.
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