El Gobierno defiende a Velasco y Aznar, pero no protesta ante Caracas por sus descalificaciones

Madrid / Oviedo, Agencias
El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, expresó ayer el respaldo del Gobierno al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y al ex jefe presidente José María Aznar frente a los ataques del canciller venezolano, Nicolás Maduro.

El Gobierno descartó presentar una protesta formal ante Hugo Chávez después de que Maduro asociara a Velasco «a la mafia del ex presidente Aznar, a lo peor del Partido Popular y a sectores de la ultraderecha, hijos directos de la dictadura franquista».

En su respuesta a las descalificaciones venezolanas, Moratinos declaró a la agencia «Efe» que tanto la Judicatura como la figura del presidente del Gobierno son dos instituciones que cuentan con el «máximo respaldo y apoyo» del Ejecutivo, que no ha ido más allá para evitar, según fuentes oficiales, una nueva escalada verbal.

Desde Caracas se informó de que los ataques de Maduro se grabaron dos días antes de la firma del comunicado conjunto en el que Venezuela se comprometía a colaborar en la lucha contra ETA.

Exteriores envió ayer por mensajero un escrito al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el que le informa de que da «traslado» a las autoridades venezolanas del auto en el que el magistrado denuncia una colaboración del Ejecutivo de Hugo Chávez con ETA y las FARC.

El auto ha estado estos días en manos de la Asesoría Jurídica de Exteriores, que tenía previsto dirigirse al magistrado para despejar dudas sobre el procedimiento a seguir y aclarar qué es exactamente lo que pedía a las autoridades venezolanas, según explicaron el viernes fuentes gubernamentales. Finalmente, el departamento de Moratinos ha decidido remitir a las autoridades venezolanas el auto tal y como está, sin que el texto sufra aclaración o modificación alguna.

Fuentes jurídicas informaron a última hora de la tarde que hasta el Juzgado central de instrucción número 6, que dirige Velasco, no había llegado ningún escrito sobre auto en el que el instructor procesaba a seis etarras y siete miembros de las FARC por compartir información sobre el manejo de explosivos e intentar cometer varios asesinatos, entre ellos el del presidente de Colombia, Álvaro Uribe.