El Supremo decide sentar en el banquillo a Garzón, que puede ser inhabilitado por 20 años

Madrid / Oviedo
El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela ha decidido sentar en el banquillo a Baltasar Garzón por un delito de prevaricación al haber investigado las desapariciones del franquismo a sabiendas de que carecía de competencias. Al proponer la calificación más grave para ese delito, el instructor abre la puerta para que el juez de la Audiencia sea condenado a una pena de inhabilitación de diez a veinte años.

La decisión de Varela de abrir juicio oral mediante un procedimiento abreviado, tras la querella presentada contra el juez por Manos Limpias y otros grupos de ultraderecha, hace prácticamente inevitable que Garzón sea suspendido de sus funciones. La decisión la tomará el día 22 el Consejo General del Poder Judicial y supondrá su apartamiento cautelar de la Audiencia. Una decisión que afectaría al «caso Faisán», la investigación sobre la financiación de ETA y la torturas de Guantánamo.

Esta resolución del magistrado supone el fin de la fase de instrucción de la primera de las tres causas abiertas a Garzón. Las otras dos investigan posibles conductas delictivas del juez relacionadas con los cobros por unos cursos en Nueva York y por ordenar las escuchas en prisión a imputados en el «caso Gürtel» con sus abogados.

Varela recuerda al encausado que un juez depende «sólo, pero siempre, de la ley» y que él ignoró la de Amnistía al investigar el franquismo. En su resolución transforma en procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón y da diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento, según informa «Efe».

Aunque sólo después de recibir esos escritos llegará el momento de sentar a Garzón en el banquillo o archivar el caso, Varela ya rechazó el 4 de febrero sobreseer la causa al entender que en la actuación del juez concurren todos los elementos del delito de prevaricación, opinión en la que ahora se reafirma. De hecho, dice que la actuación del juez puede ser constitutiva del delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, castigado «con la pena de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 a 20 años».

El magistrado no ve necesaria la práctica de más pruebas y deniega las solicitadas por Garzón. El recurso del encausado será examinado por la Sala de lo Penal que el 25 de marzo dijo que no sería arbitraria, ilógica o absurda una calificación acusatoria por prevaricación. Varela dice que mientras no haya cambios legales, los jueces deben atenerse a lo dispuesto por la norma y Garzón abrió una causa «consciente de su falta de competencia y de que los hechos denunciados ya carecían de relevancia penal», haciendo caso omiso «de leyes democráticamente aprobadas, como la de Amnistía».

Las asociaciones de jueces creen que Varela ha dado el paso definitivo para suspender a Garzón. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, expresó su respeto al Supremo y a la presunción de inocencia de Garzón, del que el PSOE destacó su trayectoria. El PP insistió en que todos son iguales ante la ley e IU denunció que sentar al juez en el banquillo mientras los chorizos de la corrupción siguen en la calle dañan la imagen del España. Otros grupos criticaron a Varela y CC OO y UGT convocaron una protesta para el día 13.