Madrid, Efe
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cree que han sido motivaciones ideológicas las que han llevado a ciertas organizaciones y «grupúsculos marginales» a ejercer una acción penal contra él y esperaba que el Tribunal Supremo «valorase estas espurias motivaciones a la hora de no prestar crédito a tal persecución ideológica».
Así lo pone de manifiesto en el recurso que ayer interpuso ante la Sala de lo Penal del Supremo contra el auto del magistrado del alto tribunal Luciano Varela que anticipa que le abrirá juicio oral por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
Garzón califica este auto de «exorbitante» y «de notable extravagancia» y explica que la doctrina expuesta en él es «contraria a derecho» e impone un serio riesgo para la independencia judicial.
El recurso fue presentado por la mañana en el Juzgado de guardia por el abogado del juez de la Audiencia Nacional Gonzalo Martínez-Fresneda, ya que, según explica, el plazo finalizaba ayer, extremo sobre el que se queja ante la Sala por haber contado únicamente con tres días para recurrir.
Garzón está muy cerca de ser suspendido cautelarmente después de que Varela dictara la semana pasada un auto, en el que le recuerda que un juez depende «sólo, pero siempre, de la ley» y que él ignoró la de Amnistía al investigar el franquismo. En esta resolución, Varela transforma en procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón y da diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento de la causa.
El magistrado del Supremo dice que la actuación del juez puede ser constitutiva del delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, castigado «con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años».
Garzón recuerda que la independencia judicial impone respetar en cada juez o magistrado la capacidad de decidir de forma «no interferida» la interpretación que ha de dar a cada norma del ordenamiento, según el espíritu de los principios constitucionales.
Según explica, «muy lejos de ello, el espíritu del auto tiene más que ver con el intento de imponer a unos subordinados jerárquicos una determinada interpretación normativa (...) que con un Poder Judicial que respete la independencia y la libertad de criterio de todos y cada uno de sus miembros».
«Un juez en el ejercicio de su potestad no puede ser interferido cuando conforma su criterio jurídico motivadamente, sin que pueda imponérsele el riesgo de que algún día un superior jerárquico pueda valorar su expulsión de la carrera judicial al repudiar la interpretación jurídica con la que haya resuelto un caso particular», añade.
También argumenta que no hay ningún precepto en la ley de Amnistía que impida investigar ningún hecho delictivo y concluye que el proceso incoado por él «no perjudicó a nadie».
En su auto, Varela también consideró innecesaria la práctica de más pruebas para esclarecer los hechos -que fueron denunciados por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS- y denegó todas las solicitadas por Garzón, lo que éste cree que le genera un «daño irreparable». Lo más probable es que la Sala de lo Penal rechace el recurso, ya que el pasado 25 de marzo ya mostró su respaldo a la instrucción de Varela y decidió que la causa siguiera adelante.
Entre tanto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamó respecto a la justicia y a la actuación de todos los órganos judiciales y recordó que en el Estado de derecho los jueces y los tribunales amparan y ampararán siempre a todos los ciudadanos en la tutela de sus derechos y garantías.
El órgano de gobierno de los jueces se pronuncia así después de que el auto de Varela desatara una oleada de apoyos al juez desde diversos sectores, así como numerosas manifestaciones, declaraciones y críticas al Tribunal Supremo. Ayer, cientos de personas le dieron su respaldo en Valdilecha (Madrid).
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