Madrid / Buenos Aires, Agencias
Organizaciones humanitarias de la Argentina y España, junto al Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron ayer en los tribunales de Buenos Aires una primera demanda para que se investiguen crímenes de lesa Humanidad cometidos durante el franquismo. Se trata de impulsar desde fuera la causa abierta Baltasar Garzón y por la que el Tribunal Supremo pretende sentarlo en el banquillo.
La demanda quedó en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, que se encargará en principio de la querella criminal por delitos de genocidio y a la que los denunciantes, amparándose en la justicia universal, esperan que las «víctimas de la dictadura» se vayan sumando.
Según la querella, hubo «un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes». La demanda la encabeza Darío Rivas Cando, en representación de la española Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, por el fusilamiento su padre en 1936, cuando era alcalde de Castro de Rei (Lugo) e Inés García Holgado
La demanda reclama un censo de niños robados y va contra los ministros de Franco, los mandos de las fuerzas armadas, Guardia Civil, Policía y la Falange. Entre los nombres citados figura el de Manuel Fraga, fundador del PP. El abogado Carlos Slepoy ve incongruente que la justicia española se oponga a investigar los crímenes de lesa Humanidad aquí cuando lo hizo con los cometidos en la Argentina.
En medio de la avalancha de críticas contra el acto de apoyo a Garzón en el que el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo acusó a los jueces de Supremo de ser «instrumento del fascismo español» y de haber estado en los tribunales franquistas y de haber sido «cómplices hasta el último día de las torturas», el líder del PP, Mariano Rajoy, exigió ayer la destitución fulminante del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, también del presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Pedro Castro, por asistir a lo que tachó de «espectáculo claramente antidemocrático». Rajoy dijo que no deben seguir un minuto más.
Manos Limpias presentó denuncia en el Juzgado contra el rector y Villarejo. Asociaciones judiciales rechazaron las palabras de ex fiscal por «desmesuradas», «insultantes», «desafortunadas» e «impropias». La portavoz del Poder Judicial , Gabriela Bravo, consideró intolerable que se ataque al Supremo y también el fiscal general expresó su desacuerdo. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega pidió respeto a las decisiones judiciales y a la presunción de inocencia del magistrado. El PSOE defendió a Zarrías y acusó al PP de acudir a actos con banderas inconstitucionales.
Colectivos de apoyo a Garzón comenzaron ayer a concentrarse ante la Audiencia para protestar por el proceso abierto contra el juez, que declara hoy como imputado ante el Supremo en relación con la querella contra él por el dinero que supuestamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la universidad de Nueva York. El tribunal explicará el caso a la prensa extranjera. Ministros y diputados negaron que queden franquistas en las instituciones.
