Madrid / Oviedo, Agencias
La Falange Española de las JONS presentó ayer ante el Tribunal Supremo el escrito de acusación contra Baltasar Garzón, en el que solicita que se le abra juicio oral por un delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes del franquismo y se le impongan 20 años de inhabilitación por «hacer una causa política para la que no era competente».
Garzón no tuvo en cuenta «los principios de legalidad, imperio de la ley, prescripción de los delitos e irretroactividad de la ley penal», obviando así la amnistía de 1977. Asimismo, el juez se movía «por su interés en trasladar a la opinión pública sus tesis políticas y por su interés en acaparar el control de las exhumaciones que se pretendían llevar a cabo», sostiene Falange.
Mientras, el Consejo del Poder Judicial no decidirá el próximo jueves la suspensión cautelar de Garzón, ya que el Supremo no remitió dentro del plazo el auto del instructor Luciano Varela sobre su decisión de sentar al juez en el banquillo. Todo apunta a que, de llegar al registro en las próximas horas, el asunto no será debatido hasta el pleno de la siguiente semana porque será preciso que todos los vocales den su conformidad y algunos ya han anunciado que no son partidarios de pronunciarse sobre la suspensión de forma tan precipitada. Además, el Consejo deberá pronunciarse sobre la recusación de la vocal Gemma Gallego.
Informaciones periodísticas dan cuenta de que al entorno de Garzón están llegando mensajes en el sentido de que «si se va de la Audiencia se arreglan todos sus problemas» y que el juez ha respondido que «ahora y así no me puedo ir».
El Supremo confirmó, por otra parte, la sanción disciplinaria que el Tribunal de Cataluña impuso al abogado José Luis Mazón, autor de la querella en la que acusa a Garzón de archivar una querella al Banco Santander tras aceptar supuestamente cobros de la entidad.
El «Financial Times» tachó las causas contra Garzón de «ataque políticamente motivado» para «acabar» con quien combatió a ETA, a los GAL y «ha luchado contra la corrupción y la tiranía». Más de 700 profesores universitarios franceses firmaron una declaración de apoyo al juez, quien ha visto cómo una fiscal chilena rechazaba su exhorto para investigar a familiares del fallecido dictador Pinochet por blanqueo de capitales.
