Madrid / Oviedo, Agencias

El colectivo ultraderechistas Manos Limpias denunció ayer que la recusación de Baltasar Garzón al magistrado Luciano Varela, que instruye en el Tribunal Supremo la causa contra él por investigar las desapariciones del franquismo, supone «un fraude de ley, mala fe procesal, abuso del derecho» y dilata el proceso dolosamente.

Esta acusación popular descalificó así el escrito en el que Garzón recusa a Varela por «interés directo y parcialidad» al considerar que el instructor ha orientado a Manos Limpias. Tras rechazar como «absolutamente falso» cualquier asesoramiento por el magistrado, este grupo anuncia: «Esa falsa acusación tendrá su debida respuesta judicial», a la vez que culpa al juez de la Audiencia de «emponzoñar el proceso» con «sucias y perversas argucias y artimañas».

Fuentes del Supremo explicaron que el incidente de recusación no paraliza la causa penal, pero la retrasará. Varela tendrá que decidir si la admite o no «a limine», sin necesidad de tramitación. En caso de rechazarla, esta decisión sería recurrible ante la Sala de lo Penal, cuyo pleno tomaría una decisión al respecto. Si el magistrado admitiera a trámite la recusación, las partes tendrían tres días para pronunciarse.

El recusado también tendrá que pronunciarse sobre si admite la causa de recusación. Entonces, la Sala de lo Penal tendría que nombrar a nuevo instructor de esta causa contra Garzón y designar a otro magistrado instructor de la recusación. Fuentes jurídicas dijeron que la suspensión de Garzón, prevista para esta semana, puede sufrir un retraso de un mes.

Tras las manifestaciones del fin de semana en apoyo de Garzón, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, pidió respeto a las actuaciones de un tribunal que está en «la cúspide del poder judicial como es el Supremo». «Todas aquellas descalificaciones que afectan a los jueces como a las propias instituciones constituyen un grave quebranto en la confianza que los ciudadanos tienen en el Estado de derecho», advirtió.

El presidente del Congreso, José Bono, advirtió de que «es muy bueno que los tribunales se hagan respetar utilizando el sentido común». «Se cree en Dios, al que no se ve, pero no se cree en los dentistas, ni se cree en los periodistas, ni en los jueces», añadió tras advertir de que «nuestra convivencia no necesita gasolina».

El PP acusó al Gobierno de causar «un daño a la democracia que tardará en cicatrizar» con sus «ataques altisonantes» al Supremo y añadió que en las manifestaciones de apoyo a Garzón se trató de «coaccionar y limitar el poder de decisión» del tribunal. Esteban González Pons añadió que «está más cerca de las minorías radicales que de los ciudadanos» y con estas acciones pretende tapar la crisis económica y social.

El vicepresidente Manuel Chaves respondió que el Ejecutivo no duda de que el Supremo esté actuando «conforme al Estado de derecho y a la ley», pero que eso «no es incompatible» con que haya ciudadanos «que discrepen», informa «Efe».