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El juez quiere conocer a los consejeros de Camps que contrataron con «Gürtel»

El PP amenaza con querellas por el uso fraudulento de las pruebas del caso y la manipulación del tribunal

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Francisco Camps.
Francisco Camps. efe

Madrid / Oviedo, Agencias
El magistrado del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, que instruye el «caso Gürtel», ha solicitado a la Generalitat Valenciana que identifique a diecisiete cargos de distintos departamentos del Gobierno de Francisco Camps que contrataron con empresas relacionadas con la trama de corrupción.

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción y tras recibir un informe pericial en el que se acusa al Gobierno valenciano de haber vulnerado la normativa mediante el fraccionamiento de contratos, Pedreira reclama ahora la identidad de quienes fueron desde 2004 a 2009 los máximos responsables de diversos centros gestores y, en su caso, el cargo que desempeñan.

En concreto, se refiere a la Presidencia de la Generalitat; Vicepresidencia; Consejería de Justicia; la de Territorio y Vivienda; la de Infraestructuras y Transporte, y la de Turismo. Según el informe de la unidad de auxilio judicial, al que ha tenido acceso «Efe» y que ha dado origen a la petición de la fiscalía y al requerimiento del juez, estos organismos tramitaron con las sociedades de la «red Gürtel» 85 expedientes -de los que 76 correspondieron a contratos menores por razón de cuantía, por lo que se adjudicaron directamente- por un total de 7.250.000 euros.

Orange Market, la sociedad dirigida por Álvaro Pérez, «El Bigotes», considerado responsable en Valencia de la trama de corrupción ligada a cargos del PP presuntamente dirigida por Francisco Correa, fue la empresa proveedora de servicios en 45 de esos expedientes, por un total de 6.829.079,16 euros.

El Tribunal Superior de Madrid aceptó además la personación del PSOE de Valencia en el «caso Gürtel», mientras que el Gobierno de Camps avaló ayer la legalidad de los contratos realizados sus consejerías y criticó el informe antes mencionado por «extralimitarse en sus apreciaciones» y presentar conclusiones «desproporcionadas, infundadas y falsas».

La portavoz de la Generalidad, Paula Sánchez de León, exigió que se ponga fin a la «infamia, la mentira y la difamación». Por último, el PP no descarta acciones judiciales por uso fraudulento de pruebas en el «caso Gürtel» y la manipulación del tribunal, según anunció Federico Trillo, quien denuncia «intoxicaciones» desde el Gobierno para influir en del Supremo sobre Camps.

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