La Audiencia Nacional juzga desde hoy a Martín Sarasola, Mikel San Sebastián e Igor Portu, para quienes el fiscal pide 900 años de cárcel por perpetrar el atentado de la T-4 de Barajas el 30 de diciembre 2006, con el que ETA rompió su última tregua y en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos.

Además de la pena de cárcel, el fiscal reclamará que cada uno de los acusado indemnice a los familiares de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio con 500.000 euros por cada uno de los fallecidos, informa «Efe».

Mientras, Arturo Cubillas Fontán, el jefe de ETA en Venezuela, que organizó los cursos de explosivos a la guerrilla colombiana de las FARC en la selva venezolana y funcionario de seguridad en el Gobierno de Hugo Chávez, pasea libremente por las calles de Caracas. Cuando se cumplen nueve semanas desde que la Audiencia Nacional decretara su prisión provisional y búsqueda y captura internacional, Cubillas sigue sin ser detenido por Hugo Chávez pese a que la Interpol activó hace 63 días su orden. Los demás etarras que Chávez asegura no encontrar han sido localizados en Güiria. Allí viven terroristas acusados de doce muertes a los que Venezuela no extradita alegando que están en paradero desconocido.