El Tribunal de Cuentas ha condenado al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, al que fuera asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca y a ex ediles, entre otros, a abonar más de 17 millones de euros al Ayuntamiento marbellí por el caso 'Monteverde'. En esta causa se investiga el desvío de cerca de 42 millones de euros de las arcas municipales a empresas vinculadas al arquitecto Carlos Monteverde por proyectos de obras que no se ejecutaron, así como 91 operaciones supuestamente ilegales realizadas desde sociedades municipales y un fraude millonario a la Seguridad Social.

Se trata de una reclamación que tenía por objeto calcular el perjuicio que se causó a los caudales públicos en la sociedad municipal Gerencia de Compras y Contratación S.L., dentro del caso 'Monteverde', donde "la primera parte de los proyectos que nunca se realizaron y que se cobraron se empezaron a facturar y a cobrar con cargo a esta sociedad y, posteriormente, lo fueron con cargo al Ayuntamiento", según explicó en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno del PP, Félix Romero.

En concreto, la sentencia, sobre la que cabe recurso de apelación, establece una condena de 12.731.066,39 euros a los que hay que sumar 110.679,79 euros, cantidades procedentes de distintas legislaturas y "que se defraudaron a esta sociedad como consecuencia de proyectos que nunca se realizaron y que, sin embargo, se cobraron", incidió Romero, quien señaló que el documento reconoce también una cantidad adicional de 4.956.472,83 euros por el primer período y 64.227,13 euros por el segundo, en concepto de intereses.

"En total, estamos hablando de una condena de más 17 millones de euros que deben de abonarnos un conjunto de concejales y responsables de esta empresa", entre los que se encuentran el abogado Modesto Perodia, el ex contable Antonio Callejas y los ex ediles Esteban Guzmán, Francisco Javier Lendínez y María Luisa Alcalá Duarte, entre otros, "que tenían a su disposición los fondos que ahora mismo el Tribunal de Cuentas establece que no han sido debidamente justificados y deben reintegrarse a las arcas municipales", manifestó.

El portavoz municipal del PP puntualizó que, al no tratarse de una sentencia firme, "no queda más remedio que esperar acontecimientos respecto a las posibilidades que tienen los ya condenados para interponer un recurso" y subrayó que, una vez concluya el procedimiento, el Consistorio "tendrá que ver en qué situación está la negociación que se llevó en su día con la Seguridad Social y Hacienda".

En este sentido, abogó por que las cantidades económicas resultantes de todos los procedimientos resueltos a favor del Ayuntamiento "puedan ser cedidas para el pago de la deuda con la Seguridad Social y Hacienda", ya que ambas administraciones tienen "muchos más medios que el Consistorio para lograr obtener información sobre otros bienes que pudiesen garantizar el cobro de esa deuda". No obstante, "hay que ponerse en el peor de los escenarios posibles, y tener prevista siempre la posibilidad de que seamos nosotros los que tengamos que ejecutar esa sentencia", concluyó.

Por otro lado, la junta de gobierno local aprobó hoy la obtención de todos los permisos pertinentes que ha conseguido el Consistorio para proceder a la retirada de la embarcación Victoria, que realizada el trayecto entre Marbella y Puerto Banús, y que se encontraba "abandonada" en el puerto deportivo, "sin ningún responsable o propietario que se encargase de ella, "además de ocupar un atraque que a partir de ahora podrá ser utilizado por otro barco de más de 20 metros", explicó el concejal popular.

El puerto deportivo es el "único" que hay en toda la costa mediterránea que se encuentra ubicado dentro de un casco urbano, por lo que se trata de "una apuesta de primer orden" para el Ejecutivo local, según manifestó el portavoz, quien apuntó que el estado que presentaba la embarcación suponía "una agresión a la imagen de Marbella".

La junta de gobierno local aprobó, además, renovar por un período de cuatro años más la concesión otorgada a los comerciantes del mercadillo de Nueva Andalucía, aunque incorporando una nueva aplicación de la ordenanza fiscal, por la que el Ayuntamiento pasará de ingresar 15.000 euros a 40.000, según Romero, quien explicó que "se trata de ir dando garantías a los comerciantes de que el mercadillo va a continuar funcionando, al tiempo que se les pide una contribución en la misma medida en la que lo hacen el resto de ciudadanos para el sostenimiento del Consistorio".

Por último, la junta de gobierno local dio el visto bueno a la puesta en marcha de un plan integral de ordenación y seguridad vial para la avenida de la Constitución, Marqués del Duero, Linda Vista, Jerez y la avenida de Andalucía en el núcleo poblacional de San Pedro Alcántara por el que se elaborará un estudio de los circuitos, pintado y repintado de los pasos de peatones, así como la revisión de señales verticales y la reordenación de los aparcamientos de la zona.