Madrid / Oviedo, Agencias
La Fiscalía General del Estado no atribuye «conducta delictiva alguna» a José Bono en relación con los escritos presentados por el PP y varios particulares para que se abra una investigación sobre el vertiginoso incremento que el patrimonio del presidente del Congreso ha experimentado en los últimos años y que las informaciones publicadas valoran en seis millones de euros.
Cándido Conde-Pumplido ha remitido, en cambio, un oficio a la fiscalía de Madrid para que investigue la denuncia por injurias que Bono ha presentado contra el diario «La Gaceta», por unas informaciones que el ex ministro «estima falsas y carentes de rigor en relación con sus ingresos y el origen de su patrimonio», según informa la Fiscalía General.
También remite a la fiscalía de Madrid otros documentos como el del constructor Rafael Santamaría «explicativo de sus relaciones con la familia Bono», así como los entregados por el PP, la asociación Preeminencia del Derecho (presidida por el abogado José Luis Mazón) y de la Liga Española Pro Derechos Humanos, solicitando una investigación.
El PP aportó diversos recortes de prensa ante la Fiscalía General para denunciar a Bono por «irregularidades y desajustes patrimoniales», en sus «relaciones» con Santamaría. Este partido se hace eco de lo publicado en los últimos días en «La Gaceta», después de que el presidente del Congreso presentase ante la fiscalía una relación de su patrimonio familiar, pidiendo actuar contra quienes lo calumniaban.
Para el PP, «no existe plena coincidencia entre los bienes declarados por Bono y los que se le atribuyen». Además ve «relaciones de naturaleza y alcance económico presuntamente irregulares entre el presidente del Congreso y un constructor que fuera adjudicatario de obra pública en el tiempo en que Bono era presidente de Castilla-La Mancha». Se refiere a las informaciones que apuntan a que Rafael Santamaría pagó la decoración de la casa de Bono en Olías del Rey y contratos a la empresa Reyal Urbis, propiedad del mismo constructor.
El principal partido de la oposición instó al fiscal a recabar datos de todas las adjudicaciones a Reyal Urbis durante los diez últimos años en Castilla-La Mancha. También pide una copia de la documentación que Bono entregó a la fiscalía para conocer la verdad en base al principio de contradicción. El PP pretendía así que el fiscal abriera una investigación y unirse a la vía judicial para aclarar el origen de los bienes de Bono.
Bono instó al PP a «dar la cara» y denunciarlo ante un juez si cree que existe algo «ilícito». Apuntó a Dolores de Cospedal como protagonista de una «campaña» de «mentiras y calumnias» en su contra. «Probablemente alguien tenga problemas, esté probablemente en mi tierra con el agua al cuello, y trate de distraer pensando que con Bono puede tapar sus propias vergüenzas», señaló. Respecto a las noticias que afirman que Santamaría pagó la decoración de dos de sus casas, afirmó: «Se trata de infamias y mentiras en términos generales». Soraya Sáenz de Santamaría lo acusó de desviar la atención y le pidió que se explique.
