El Supremo reclama al Santander el informe del patrocinio a Garzón, antes de que declare Botín

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena requirió al ex director general del Banco Santander en Estados Unidos, Gonzalo de las Heras, que le entregue el expediente íntegro del patrocinio de los dos cursos que dirigió Baltasar Garzón en 2005 y 2006 en la Universidad de Nueva York. Además, deberá hacerlo antes del 18, un día antes de que el presidente del grupo, Emilio Botín, comparezca como testigo en la causa.

Fuentes presentes en la declaración prestada ayer por De las Heras en el alto tribunal destacaron la especial tenacidad del instructor en esta exigencia. Le requirió firmemente tener acceso al expediente completo pese a las continuas excusas que el testigo le expuso, como que ya se habían entregado todos los documentos, su condición de jubilado o el hecho de que actualmente resida en Estados Unidos.

Marchena ha exigido a De las Heras que lleve en mano la documentación completa con inclusión de todos los asientos contables y la documentación originada para el pago de las cantidades comprometidas en ambos patrocinios, así como cualquier documentación de carácter personal que obre aún en su poder y que pudo generar unos pagos por los que Garzón está imputado por cohecho y prevaricación. De las Heras no descartó que el juez le remitiera un presupuesto a Botín, que autorizó el gasto por teléfono (unos 335.000 euros).

Mientras, la Sala especial para el artículo 61 del Supremo acordó inadmitir a trámite dos querellas interpuestas por diferentes asociaciones de la memoria histórica contra el presidente de la Sala de lo penal de este órgano, Juan Saavedra, y contra el magistrado Luciano Varela, a los que familiares de represaliados acusaron de prevaricar en las resoluciones que pueden sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, por irregularidades en su investigación de las desapariciones del franquismo.

Por otra parte, Garzón aplazó sin fecha el interrogatorio como imputado al ex director de la Policía Víctor García Hidalgo en una pieza separada de la causa del «caso Faisán», en la que se investiga por qué dos etarras detenidos en Francia en 2007 tenían su teléfono.