La Corte Penal Internacional (CPI), a la que el juez español Baltasar Garzón ha solicitado su traslado, es el órgano permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad y está considerada como el embrión de la Justicia universal.
Creada en 2002 tras casi medio siglo de negociaciones -iniciadas poco después de los juicios de Nuremberg y Tokio a los responsables de la Segunda Guerra Mundial- la CPI es el primer tribunal permanente de la historia del Derecho Internacional encargado de este tipo de delitos.
Su creación fue vista por muchos como un avance histórico de cara a garantizar el fin de la impunidad para estos crímenes en todo el mundo.
Desde entonces, la CPI ha abierto cinco casos, todos sobre hechos ocurridos en países africanos: Uganda, República Democrática de Congo, República Centroafricana, Sudán y Kenia.
En los tres primeros, fueron las propias autoridades nacionales las que pidieron la intervención de la Corte, mientras que en el de Sudán, donde se investigan las atrocidades cometidas en Darfur, la solicitud llegó del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El más reciente, en el que se investiga la ola de violencia política que ha afectado a Kenia en los últimos años, se inició a petición de la Fiscalía de la CPI, a la que Garzón asistiría como "consultor externo".
El papel de este órgano, dirigido por el argentino Luis Moreno Ocampo, es fundamental, pues es su responsabilidad decidir qué casos analiza la Corte, investigar los crímenes y recabar las pruebas que se utilizarán en los juicios.
Precisamente, Moreno Ocampo se encuentra actualmente en Kenia para intentar llevar a juicio a entre cuatro y seis sospechosos de organizar y financiar la violencia postelectoral que causó 1.300 muertos y 300.000 desplazados en el país entre finales de 2007 y principios de 2008.
Hasta ahora, la principal laguna del ambicioso proyecto en favor de la Justicia universal ha sido la negativa a participar en la CPI de grandes potencias como Estados Unidos, China, India y Rusia.
A día de hoy, 111 países son miembros de la Corte, que tiene su sede oficial en La Haya y cuenta con un claro respaldo por parte de Europa.
Los 18 magistrados del tribunal sólo tienen competencia para juzgar a ciudadanos de esos Estados o aquellos crímenes que hayan tenido lugar en su territorio.
Además, la Corte no puede actuar con carácter retroactivo y únicamente está capacitada para estudiar hechos o delitos cometidos desde su entrada en vigor en 2002.
Sin embargo, no vale frente a ella ningún tipo de inmunidad, por lo que puede perseguir incluso a los más altos cargos de un Estado, como ocurrió en 2008, cuando la CPI acusó de genocidio al presidente de Sudán, Omar al-Bashir.
La Corte puede imponer penas de hasta cadena perpetua y ordenar reparar económicamente a las víctimas de los crímenes.
