Ley de la Memoria Histórica

El PSOE acepta que las administraciones asuman la exhumación de fosas

IU-ICV ha acordado con los socialistas una moción que defiende a quienes investigan los crímenes del franquismo

11.05.2010 | 17:02

IU-ICV ha acordado hoy con el PSOE una moción que defiende a quienes investigan los crímenes del franquismo y que pide la modificación de la Ley de la Memoria Histórica, de manera que se garantice la responsabilidad pública e institucional en las labores de búsqueda y exhumación de fosas de víctimas.

Así lo han explicado el diputado de ICV, Joan Herrera, y el portavoz socialista, José Antonio Alonso, en sendas ruedas de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso.

El acuerdo se traduce en una enmienda de sustitución a la moción consecuencia de interpelación de IU-ICV, en la que se insta al Gobierno a garantizar "la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo", de manera que si no lo garantizan las autonomías sea la Administración central la que lo haga subsidiariamente.

Con este acuerdo, ha explicado Alonso, se restituye la memoria de las víctimas y se da satisfacción a sus familias, además de evitarles el "via crucis" que, según Herrera, atraviesan en la actualidad para localizar los restos de sus desaparecidos.

La enmienda acordada recuerda que el ordenamiento jurídico español "obliga de modo indudable y suficiente a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio".

Joan Herrera ha explicado que aunque en el texto se deja claro que es competencia de jueces y tribunales aplicar e interpretar la legislación sobre esta materia, sí se remarca la obligación de perseguir estos delitos, por lo que, si sale adelante la moción, el Congreso estará remarcando que ha habido una "pésima interpretación" de las leyes en el caso de las querellas contra Baltasar Garzón por investigar crímenes del franquismo.

Respecto a la exhumación de las fosas, la moción pactada por IU-ICV y el PSOE insta al Gobierno a modificar la Ley de la Memoria Histórica en los artículos necesarios para garantizar la responsabilidad pública en la localización de fosas y a divulgar los resultados.

Según ha explicado Herrera, para ello se requieren cambios en los artículos 11 al 14, que en su redacción actual no garantizan esa responsabilidad pública, lo que conlleva un "via crucis" en distintos juzgados y administraciones para los familiares que buscan restos de desaparecidos, un "fallo estrepitoso" de la norma.

Alonso ha afirmado que el PSOE no dudará en pactar "cualquier mejora que permita un desarrollo mejor" de la Ley de la Memoria, puesto que hay que restituir la dignidad de las miles de personas que siguen enterradas en cunetas y, en esta cuestión, "no hay margen para ideologías ni partidismos".

Una cuestión de "dignidad y justicia", ha añadido, y por eso los socialistas apoyan que si las comunidades autónomas no cumplen enteramente con su responsabilidad en la búsqueda y exhumación de fosas, sea la Administración central quien garantice su hallazgo.

Herrera, no obstante, se ha mostrado cauto sobre la modificación de la legislación ya que, aunque la moción salga adelante en el pleno de esta tarde, es consciente de que "luego costará que el Gobierno la cumpla", ya que hasta ahora "le cuesta desarrollar la Ley de la Memoria".

En todo caso, de ser aprobada esta moción constituirá una "pequeña victoria", puesto que será una "herramienta" para exigir al Gobierno que garantice la ayuda pública a las víctimas y también para que "quede claro" que la investigación de los crímenes del franquismo "nunca puede ser considerada delito".

Y sobre los recursos que tendría que aportar el Estado, Herrera ha señalado que serían "anecdóticos", por lo que la crisis no puede ser excusa para ni objeto de "demagogia" para no resarcir la dignidad de las víctimas.

Otros aspectos que se incluyen en el acuerdo es transformar y potenciar la Oficina para las Víctimas, dar a conocer el mapa integrado de fosas, y conmemorar de forma solemne una declaración del Congreso de condena expresa de los diputados al régimen franquista y de apoyo a las víctimas del régimen.

Quedan fuera del acuerdo, no obstante, constituir un día anual de conmemoración de los represaliados, o crear una Fiscalía especial para estos crímenes y un Alto Comisionado para atender a las víctimas.

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