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Las causas contra un «magistrado estrella»
 

Garzón pide el traslado al Tribunal Penal Internacional para evitar ser suspendido

El CGPJ estudiará hoy la solicitud l El PP la achaca a los sumarios contra el juez abiertos en el Supremo, al que IU acusa de «condenarlo al exilio»

 08:27  
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El juez Garzón, ayer, a su salida de la Audiencia Nacional.
El juez Garzón, ayer, a su salida de la Audiencia Nacional.  efe
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Madrid / Oviedo

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el traslado al Tribunal Penal Internacional (TPI) para incorporarse como asesor externo de la Fiscalía, informaron fuentes próximas al magistrado. De esta forma, el magistrado podría evitar ser suspendido en sus funciones jurisdiccionales como resultado de las tres causas en las que está imputado por el Tribunal Supremo, según explicaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

La comisión permanente del órgano de CGPJ estudiará hoy, en su reunión semanal, la solicitud de traslado, que se realizaría en situación de servicios especiales durante un período de siete meses, por lo que Garzón no perdería su plaza al frente del Juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Garzón, que está imputado por prevaricación y cohecho ante el Tribunal Supremo por su investigación de los crímenes de la Guerra Civil, los cursos en Nueva York y las escuchas a los cabecillas de la «trama Gürtel», tampoco vería modificada de esta forma su condición de aforado, y las tres causas seguirían investigándose ante el alto tribunal.

Si el magistrado del Supremo Luciano Varela, que instruye la causa sobre la Memoria Histórica, dictara apertura de juicio oral contra Garzón y lo sienta en el banquillo antes de que se le conceda el traslado, el CGPJ no tendría más remedio que suspenderlo en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

La nueva maniobra cambiaría, en todo caso, este escenario. Fuentes del CGPJ explicaron que la suspensión de un juez tiene como objeto apartarlo de la función jurisdiccional mientras se sustancian las causas penales que existen contra él, una situación que ya no se produciría si en el momento de adoptar esta decisión Garzón no estuviera al frente del Juzgado central de instrucción número 5.

El Consejo podría tener en cuenta esta circunstancia y no suspender al juez, al menos, hasta dentro de siete meses, cuando regresara del Tribunal Penal Internacional, donde el juez ganará 3.000 euros mensuales más que ahora, para volver a incorporarse a la Audiencia Nacional. En ese momento, su situación procesal podría haber cambiado por completo, en función de la evolución que tengan las tres causas judiciales.

Garzón ha hecho esta solicitud después de recibir el pasado día 6 una invitación del fiscal del TPI Luis Moreno Ocampo, que le propuso, según las citadas fuentes, para aprovechar la dilatada experiencia del magistrado en la investigación de crímenes organizados y masivos.

Tras difundirse la decisión del juez, el PP la achacó a las tres causas contra él que se investigan en el Tribunal Supremo y recalcó que, aunque cambie de trabajo, tendrá que responder ante la justicia.

El popular Vicente Martínez Pujalte expresó su respeto por lo que considera una «decisión personal», aunque recalcó que su eventual marcha «no tiene nada que ver con que el juez también tenga que responder ante la justicia como todo el mundo si hace algo mal». En el polo contrario, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, estimó que la pretensión de Garzón supone un «baldón» para la democracia española y para el Tribunal Supremo, al que acusa de «condenar a sus jueces al exilio».

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sostuvo que la solicitud «no tiene mucho que ver con otras polémicas» y que, por lo tanto, se trata de una «decisión personal».

En el ámbito judicial, el portavoz nacional de Jueces para la Democracia, Ignacio Espinosa, afirmó que Garzón «está preparado» y tiene una «gran experiencia» para ser consultor externo de la Fiscalía del TPI, por lo que consideró que se trata de una decisión «acertada».

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera, sostuvo que el CGPJ no debería autorizar el traslado del juez, dado que se encuentra incurso en tres causas penales ante el Supremo.

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