La juez que investiga el presunto delito societario del máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, ha rechazado el archivo de parte de la causa pedido por el fiscal porque la prescripción es de quince años y porque el denunciado «ideó un plan» para apoderarse de patrimonio del club. La juez califica la posición de «sorprendente», «extravagante» y de «nula colaboración» el papel de la fiscalía que pedía el archivo, pese a que los peritos han cifrado en 12,4 millones de euros los perjuicios causados por Lopera al Betis.
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