Al juez de Familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita le llegó un expediente que no le gustó: la adopción de una menor por una lesbiana. Pasaba el tiempo y el expediente no salía de los cajones. Calamita reiteró siempre que actuó en defensa de la menor, pero fue condenado por prevaricación, al entender la Justicia que hubo un retardo malicioso en atender la solicitud de la adopción de la niña.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia le condenó en 2008 a dos años, tres meses y un día de inhabilitación, pero un año más tarde, el Supremo atendió en parte al fiscal y la acusación particular, y subió la inhabilitación a 10 años.

Tampoco le gustó a la magistrada de Denia Laura Alabau tener que casar a homosexuales, a lo cual se negó. En julio de 2005, recurrió ante el Constitucional la ley que permite estos matrimonios y paralizó un expediente de matrimonio solicitado por dos mujeres. El Alto Tribunal desestimó la cuestión. En 2006 otras dos parejas homosexuales solicitaron autorización para casarse y la jueza la rechazó porque eran británicos. Alabau se sintió víctima y se quejó de haber sufrido «una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno». El Ejecutivo pidió al CGPJ que actuará y la comisión disciplinaria acordó abrirle un expediente que se saldó con una multa de 350 euros, finalmente retirada. Alabau fue traslada a un juzgado de Castellón.

El «caso Mari Luz». El juez Rafael Tirado dejó sin ejecutar una condena. Pero el condenado no era otro que Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña de Huelva Mari Luz Cortés. El Poder Judicial le impuso una sanción de 1.500 euros por una falta grave por retraso injustificado, que fue confirmada por el Supremo. La peor parte se la llevó la secretaria judicial, Juana Gálvez, suspendida por seis meses.