El apartamiento de un juez estrella
 

La Corte de La Haya insiste en contratar a Garzón a pesar de estar suspendido

- Moreno Ocampo: «Investigar al poder es duro y complicado»

- El fiscal del Supremo pide la absolución del magistrado porque «no hay delito»

18.05.2010 | 14:51
Garzón, con la presidenta argentina, Cristina Fernández, que le dio su apoyo.
Garzón, con la presidenta argentina, Cristina Fernández, que le dio su apoyo.

Oviedo, Efe / L. M. S.

La Corte Penal Internacional (CPI) insiste en contratar al juez Baltasar Garzón pese a estar suspendido cautelarmente de funciones por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo. El fiscal jefe de la Corte de La Haya, Luis Moreno Ocampo, considera que la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es obstáculo para esa contratación.

El informe del fiscal de la CPI es uno de los cinco solicitados por el Poder Judicial para decidir si concede a Garzón su traslado a La Haya.

Moreno Ocampo explica en su respuesta al CGPJ que ha ofrecido a Garzón un puesto de consultor externo, cargo que no incluye ningún tipo de inmunidad procesal, y que ya conocía la investigación abierta contra el juez de la Audiencia Nacional. Además, añade, comprende que, de acuerdo con la ley Orgánica del Poder Judicial, el juez debía ser suspendido de sus funciones.

Con todo, en un acto en París, el fiscal jefe de la Corte de La Haya afirmó: «Investigar al poder es duro y es complicado, y Garzón lo hizo durante veinte años, así que imagino la cantidad de enemigos que tendrá». Y añadió: «Lo que le pasa a Garzón pasa muchas veces cuando jueces y fiscales investigan crímenes masivos».

Mientras, la fiscalía reclamó la absolución del juez de la Audiencia en el juicio oral que el Tribunal Supremo ha abierto, por considerar que los hechos no son constitutivos de ningún delito de prevaricación. La fiscalía indica: «Sin delito y sin autor no es posible solicitar la imposición de pena alguna».

El escrito recuerda que en diciembre de 2006 entraron en la Audiencia Nacional, a través del Juzgado de guardia, una serie de denuncias vinculadas a hechos criminales acaecidos en España a partir del 18 de julio de 1936 cuya investigación podría corresponder, a través de las normas de competencia, a los órganos jurisdiccionales de la Audiencia Nacional.

Turnadas las denuncias mediante reparto, a través del Juzgado central de instrucción decano, correspondió su investigación al Juzgado central de instrucción número 5. Y Garzón, según recuerda el escrito, abrió diligencias previas, de lo que se dio conocimiento a la fiscalía de la Audiencia Nacional.

Luego, el juez se declaró competente para investigar los crímenes denunciados, en contra del criterio del fiscal, que más tarde planteó la cuestión de competencia ante la Sala, que le dio la razón. Esta decisión contó con el voto particular de tres magistrados. Sin embargo, para la fiscalía, estos hechos no constituyen delito ni prevaricación.

De otra parte, el presidente del Congreso, José Bono, dijo que lamentar «lo que le está ocurriendo» a Garzón, como él hizo públicamente, «no significa injuriar a ningún tribunal», en referencia al Tribunal Supremo. La «número dos» del PP, María Dolores de Cospedal había considerado que las palabras de Bono ponen «en peligro» la división de poderes.

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