Madrid, Agencias
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, declaró ayer en el Tribunal Supremo que esta entidad bancaria «jamás» destinó dinero a pagos al juez Baltasar Garzón durante su estancia en la Universidad de Nueva York, entre 2005 y 2006, ni trató cuestiones económicas con él, sino con el centro.
Según informaron fuentes de la defensa del magistrado, Botín aseguró que «jamás se le pasó por la cabeza» que los patrocinios del Santander a la citada Universidad «se trataran de pagos a una persona física en concreto, nunca a Baltasar Garzón».
El presidente del Santander declaró como testigo durante dos horas y media ante Manuel Marchena, instructor de la querella presentada contra Garzón por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, que le acusan de prevaricación y cohecho por haber percibido supuestamente de la entidad 302.000 dólares y después archivado una querella contra directivos del banco, entre ellos Botín.
Botín, según las mismas fuentes, negó tener una relación de amistad con Garzón, aunque reconoció que ha coincidido con él esporádicamente y siempre con terceras personas. Según dijo, conoció personalmente al juez cuando éste ocupó el cargo de secretario de Estado del plan nacional contra las drogas porque le pidió una audiencia para informarle de la política del banco en su lucha contra el blanqueo de capitales.
Preguntado por el instructor sobre si durante los años previos a la marcha de Garzón a Estados Unidos la entidad tenía causas pendientes con la justicia, Botín dijo que en aquella época la entidad tenía una treintena de procedimientos en España, pero ninguno instruido por el juez de la Audiencia Nacional.
Todo lo que se refería a la financiación de los cursos, según relató, era algo que correspondía al ex director del Santander en EE UU Gonzalo de las Heras, quien ya ha remitido al alto tribunal el expediente completo del patrocinio de los cursos que impartió el juez. También indicó que los patrocinios del banco que preside no se limitan a la Universidad de Nueva York, sino que se extienden a 800 centros universitarios en 25 países.
Mientras, el acuerdo del Consejo del Poder Judicial por el que se autoriza al juez, suspendido cautelarmente, a integrarse como colaborador externo en la Fiscalía del Tribunal de La Haya le permitiría cobrar dos sueldos. Además del salario que le fije el TPI, Garzón seguirá cobrando el salario base de la Audiencia, 1.800 euros al mes.
Por otro lado, la Audiencia ha ordenado al juez Santiago Pedraz que levante el secreto del sumario de la «operación Pretoria», en la que se investiga la trama de corrupción urbanística en ayuntamientos barceloneses. El tribunal afirma que carece de cobertura legal «la prolongada duración del secreto de la investigación», que fue instruida por Garzón, y «la falta de su fundamento eficaz» tanto a instancia del fiscal como del instructor de la causa.
