Madrid / Oviedo, Agencias

El Tribunal Constitucional volvió a fracasar de forma estrepitosa al ser incapaz ayer de aprobar el sexto borrador para una sentencia sobre el Estatuto catalán. La falta de apoyos forzó a su ponente, el magistrado conservador Guillermo Jiménez, a retirar el texto sin ni siquiera someterlo a votación.

La presidenta, María Emilia Casas, ha decidido encargarse de redactar «a la mayor brevedad» la séptima ponencia de una sentencia con la que el Tribunal debe pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatut. La división del TC en dos sectores irreconciliables mantiene desde hace cuatro años esta situación de bloqueo, a la que, en principio, no se ve salida sin una renovación de los magistrados cuyo mandato ha caducado.

Casas ha dado este paso adelante después de que el sector conservador se haya mostrado tan incapaz como el progresista de suscitar el consenso suficiente para sacar adelante una resolución. Al contrario de lo sucedido el pasado 16 de abril con el último borrador de sentencia presentado por la progresista Elisa Pérez Vera, ayer ni siquiera fue necesario votar el texto redactado por el conservador Guillermo Jiménez, vicepresidente del tribunal, que asumió la ponencia tras la renuncia de su compañera.

Fuentes del tribunal informaron a la agencia «Efe» de que bastaron las intervenciones de los magistrados en el Pleno para que Jiménez asumiera que su borrador, más restrictivo con el Estatut que los de Elisa Pérez, tampoco tenía los apoyos necesarios para convertirse en la sentencia definitiva, lo que le ha llevado a retirar el texto y renunciar a la ponencia. Fue entonces cuando la presidenta Casas se comprometió a buscar el consenso necesario para acabar con los cuatro años de bloqueo.

El fracaso de ayer no sorprendió a nadie, después de que hace un mes fuera tumbado por seis votos a cuatro el quinto borrador de sentencia, que ya anulaba quince artículos de la norma estatutaria y condicionaba la constitucionalidad de unos veinte más a la interpretación que se les diera en las leyes que deben desarrollar el Estatut. Aquel texto de la progresista Elisa Pérez fue rechazado incluso después de haber sufrido hasta cuatro modificaciones.

El proyecto de sentencia del conservador Guillermo Jiménez era mucho más duro: ampliaba a más de 20 el número de preceptos declarados inconstitucionales y planteaba la interpretación restrictiva de otros tantos artículos, además de criticar de forma contundente el empleo en el preámbulo del Estatut del término «nación» para Cataluña. Todo esto ha supuesto un importante obstáculo para que pudiera obtener el respaldo de al menos seis de los diez magistrados del Pleno, el mínimo necesario para que saliese adelante.

Una de las posiciones clave en las deliberaciones desarrolladas hasta ahora ha sido la del magistrado Manuel Aragón, quien, pese a su adscripción progresista, votó con los conservadores para rechazar el borrador de Pérez Vera y mantuvo una de las actitudes más críticas con los aspectos del Estatut que afectaban a la nacionalidad y los símbolos catalanes.

Sin embargo, Jiménez no ha logrado presentar un texto que le valiera a la vez el apoyo de Aragón y el de los cuatro magistrados del bloque conservador -Ramón Rodríguez Arribas, Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde-, que exigen que el texto estatutario sea fuertemente «recortado». La negativa del sector progresista a aceptar una sentencia tan restrictiva -que, además de por Aragón, Pérez Vera y la propia Casas, está integrado por Eugeni Gay y Pascual Sala- situaba las discusiones en un callejón sin salida.

Finalmente, será Casas la que asuma una nueva redacción del texto. La presidenta cuenta con voto de calidad para poder deshacer un posible empate. Jiménez fue el candidato de consenso entre los dos grupos mayoritarios en las Cortes, si bien, en función de las resoluciones adoptadas en el alto tribunal, se le había integrado en el «bloque conservador». El vicepresidente, junto con Casas Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, es uno de los magistrados cuyo mandato concluyó en diciembre de 2007 sin que el Senado haya podido alcanzar un consenso para la renovación.