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Duran aboga por recortar las subvenciones y por poner fin al cobro del subsidio agrario

La Junta andaluza exige a los nacionalistas que dejen de insultar, y el presidente extremeño destaca las ayudas a la automoción en Cataluña

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Madrid / Oviedo, Agencias
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, abogó ayer por revisar la política de subvenciones y se preguntó si no es el momento de plantearse y si sigue teniendo sentido el plan de empleo rural (PER).

Además de invitar a «reflexionar serenamente sobre lo que significa el gasto del PER», Duran criticó que en Andalucía y Extremadura se hayan reducido de 35 a 20 los días necesarios para cobrarlo, porque considera que «no tiene sentido» en plena crisis.

La Junta de Andalucía exigió «más respeto», porque «ya está bien de insultarla», y reclamó que «no se confunda a la ciudadanía», al mismo tiempo pidió que «cada uno se ocupe de sus asuntos».

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, aseguró que Duran i Lleida ha cometido un «grave error» y defendió que el subsidio agrario es «absolutamente imprescindible en muchas zonas de Andalucía».

Los partidos y sindicatos extremeños echaron en cara a CiU las subvenciones que Cataluña ha recibido para ayudar al sector de la automoción. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado partidario de no entrar en la dinámica de suprimir, «porque Extremadura podría pedir que se supriman las ayudas a los automóviles o que se reduzca todavía más el precio de los medicamentos que se fabrican en Cataluña».

Fernández Vara ha abogado por no entrar en una dinámica «de poner sólo encima de la mesa lo que interesa para aseverar un discurso frentista en una persona que no lo es, porque si por algo se caracteriza Duran i Lleida es por ser bastante sensato».

De igual forma, ha defendido que «no se resuciten para intentar resolver problemas fantasmas que están absolutamente utilizados contra la realidad». En este mismo sentido se ha expresado el PSOE de Extremadura, que en un comunicado señala que se alegran de que gracias «también a la inyección de capital público» se ha reducido un 40 por ciento el expediente de regulación de empleo (ERE) en Martorell.

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