Imputa los mismos delitos a Garzón

La querella por las escuchas de "Gürtel" se amplía a las fiscales

El abogado de uno de los imputados las acusa de prevaricación y de ir contra las garantías de la intimidad

24.05.2010 | 15:27

El abogado Ignacio Peláez, que el pasado mes de diciembre se querelló contra el juez Baltasar Garzón por ordenar la intervención de las comunicaciones entre varios de los imputados en el "caso Gürtel" en prisión y sus letrados ha ampliado hoy la querella a las fiscales de esa causa.

En la ampliación de la querella, a la que ha tenido acceso Efe, Peláez, que representa al empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados en el "caso Gürtel", acusa a las fiscales Concepción Sabadell y Miriam Segura de los delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, los mismos que imputa a Garzón, y pide al Tribunal Supremo que las cite a declarar como querelladas.

En su escrito, el abogado recuerda que Garzón abrió el "caso Gürtel" como una derivación del "caso BBVA" y dice que las fiscales "eran perfectamente conscientes de que no existía ningún vínculo o conexión entre este procedimiento y las personas, hechos, que se habían investigado en las diligencias que se habían abierto en la Fiscalía que dieron origen al denominado 'caso Gürtel'".

"A pesar de ello, saltándose conscientemente las normas de reparto que existen en la Audiencia Nacional, interpusieron la denuncia ante el Juzgado del juez ya querellado", añade Peláez, que señala que las fiscales "tenían un interés especial en que fuera este Juez el que conociera del denominado 'caso Gürtel'".

"No cumplieron con su obligación"

El letrado, que fue fiscal de la Audiencia Nacional, dice también que Sabadell y Segura, "de forma clara y evidente, no cumplieron con su obligación y consintieron que el titular del Juzgado Central número 5 dictara el auto de 19 de Febrero de 2009 de intervención de las comunicaciones".

Peláez añade que "las querelladas eran plenamente consciente de que las citadas resoluciones eran contrarias a la Ley", que sólo permite este tipo de escuchas en prisión en casos de terrorismo, y dice que no sólo "no recurrieron los citados autos", sino que "no se opusieron" a la prórroga de las intervenciones.

El abogado querellantes asegura también que aunque posteriormente las fiscales llegaron a presentar dos escritos "diciendo que supuestamente algunas intervenciones estaban afectando al derecho de defensa (...), lo que es claro es que tuvieron conocimiento de esas comunicaciones en su integridad".

Entre las conversaciones que conocieron, dice Peláez, se encontraban algunas en las que intervino él mismo y en las que "se desvelaba" cuál iba a ser el contenido de las respuestas de Ulibarri cuando tuviera que prestar declaración, "la forma de defenderse, en una palabra, cuál iba a ser su estrategia de defensa".

"Las fiscales querelladas no rechazaron el aceptar tener esas transcripciones antes de la declaración, tampoco pidieron la suspensión de la declaración de nuestro representado imputado, aun teniendo pleno conocimiento de que tanto el juez como la Policía (...) habían violado de forma evidente el derecho de defensa", concluye el abogado.

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