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El juez del «caso Gürtel» ve indicios de 7 delitos en el Gobierno de Camps y el PP valenciano

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Camps, ayer, en Cheste (Valencia), rodeado de periodistas.
Camps, ayer, en Cheste (Valencia), rodeado de periodistas. efe

Madrid / Oviedo, Agencias

El juez instructor del «caso Gürtel» en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, se inhibió ayer en favor del de la Comunidad Valenciana (TSJCV) al observar indicios de delito electoral, cohecho y otros cinco delitos más que afectarían a altos cargos del PP valenciano y del Gobierno de Francisco Camps.

El juez madrileño considera que hay una conexión clara entre los supuestos delitos investigados por ambos tribunales y opta por acumular ambos procesos para evitar que prescriban las investigaciones sobre presunta financiación ilegal del PP valenciano a los que apuntan los informes de la Agencia Tributaria, la unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) y la fiscalía.

El magistrado, asumiendo la petición y el informe del fiscal, ve en la actuación de algunos altos cargos de la Generalitat y del PP de Valencia indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil durante los ejercicios de 2007 -fecha en la que se celebraron las últimas elecciones locales y municipales- y 2008, cuando se celebraron las últimas generales, además de cohecho y prevaricación. A estos delitos añade los de blanqueo de capitales, porque «su conexión» con los anteriores es «indiscutible», como lo es, también, el de asociación ilícita.

En cuanto a los nombres, el juez apunta al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa; el vicepresidente, Vicente Rambla, y el vicesecretario general y diputado autonómico, David Serra, así como al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y a la administradora general del partido durante los citados comicios municipales, Yolanda Ibáñez, como presuntos autores de un delito electoral.

No obstante, también señala que no se puede «desdeñar el cargo» que ocupa en el partido el presidente valenciano y del PP de la comunidad, Francisco Camps.

Según el juez Pedreira, el informe aportado por la Agencia Tributaria refleja que un «importante porcentaje de la deuda» contraída en 2007 por el PPCV con la mercantil «se habría abonado de forma opaca en efectivo por aquél».

Otra parte -al menos 345.200 euros- «habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market», la empresa dirigida por el cabecilla de la «red Gürtel» en Valencia, Álvaro Pérez, «el Bigotes».

Las facturas, añade el magistrado, «reflejarían servicios inexistentes entre dichas mercantiles» y, de acuerdo con todos los indicios, «se elaborarían con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas al Partido Popular de la Comunidad Valenciana en cuanto cancelan una deuda de éste».

Los pagos, insiste, «no habrán sido reflejados» en las cuentas del PP de Valencia, «como tampoco lo habrán sido aquellos pagos que fueron efectuados por distintas mercantiles y no por el verdadero deudor, el PPCV», lo que, según Pedreira, podría constituir un delito electoral. El auto también nombra a «el cantante» y «el príncipe», cuyas identidades se desconocen y que eran los encargados de efectuar «pagos opacos por cuenta del PPCV a Orange Market», cuyos ingresos obtenidos en 2007 «de forma opaca» fueron de 2.565.891,01 euros.

En el delito electoral «colaborarían» también los gestores de cinco empresas que abonaron «parte de los servicios prestados» por Orange Market al PPCV durante la campaña electoral de 2007 y, además, los responsables de esta mercantil: el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Cándido Herrero, el contable de la sociedad.

Tras conocer el auto del juez madrileño, Camps señaló que el «caso Gürtel» es «un montaje» y una «terrible falsedad» que «terminará en nada». Defendió que las cuentas del PP valenciano y las adjudicaciones de la Generalitat son «correctas» y denunció que su Gobierno es objeto de «un acoso sin parangón en la historia de la democracia».

La cúpula del PP aplazará «varios días o semanas» cualquier decisión que pueda tomar sobre el futuro político de Camps. Fuentes del partido indicaron que el presidente valenciano ha comunicado a Génova que, pese a la decisión del juez, está «optimista y cree que lo puede superar», por lo que la dirección nacional sigue respaldándolo.

Sin embargo, el auto de Pedreira incrementa la presión judicial sobre Camps, quien podría ser investigado de nuevo por un posible delito de cohecho impropio al haber aceptado regalos de la trama. Por esta razón, otros dirigentes del partido opinan que el auto de Pedreira apreciando indicios de delito electoral, cohecho y contra la Hacienda Pública revisten «mucha más gravedad» que el «caso de los trajes», lo que debería llevar a Camps a reflexionar sobre la conveniencia de dejar su cargo.

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