El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, se inhibió este miércoles a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de la parte de la rama valenciana que investiga en las diligencias penales de la trama de corrupción encabezada por el empresario Francisco Correa y que hacen referencia a una supuesta financiación irregular del PPCV, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Pedreira adopta esta decisión ante "la hipotética posibilidad de que haya conexión entre los delitos de Valencia y los delitos del TSJ de Madrid" y con objeto de evitar la prescripción de los delitos electorales que resultan de los últimos informes de la Agencia Tributaria, de la UDEF y de la Fiscalía, que apuntaban presuntas irregularidades en la financiación del PP de Valencia.

Hace unas semanas el Tribunal Supremo acordó reabrir la causa de los trajes contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que el alto tribunal valenciano había decidido sobreseer libremente, en contra del criterio del magistrado instructor en el TSJCV, José Flors.

Una de las últimas actuaciones en este sentido fue la declaración el pasado 18 de mayo de Álvaro Pérez El Bigotes, quien negó los hechos de corrupción que se le imputan relacionados con unos trajes que supuestamente pagó al presidente valenciano.

Pedreira, atendiendo una petición de la Fiscalía Anticorrupción, ve indicios de delito en la actuación de algunos dirigentes del PP valenciano, como cohecho al aceptar regalos de la trama corrupta o financiación ilegal del partido.

Contenido de la inhibición

En el auto, el juez solicita la acumulación al TSJCV por causa de conexidad de los delitos investigados contra la Administración pública cometidos en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana.

En concreto, el juez alude a un informe de la unidad de auxilio judicial de 13 de abril de 2010 en el que se pone de manifiesto diversas irregularidades en dicha contratación, en cuyos expedientes intervinieron algunos de los imputados en el procedimiento que se sigue en Valencia.

Asimismo, se pide la acumulación de los delitos electorales correspondientes a las elecciones celebradas en la Comunidad valenciana el 27 de mayo de 2007.

En este punto, el juez se refiere a un informe de la AEAT de 6 de mayo de 2010 en el que se ponen de manifiesto diversas irregularidades en la contratación, contabilización y facturación entre Orange Market S.L. y el PP de la Comunidad valenciana.

"La participación de Ricardo Costa Climent en estos hechos podría determinar una diferente valoración jurídica de los regalos percibidos por el mismo, y que son objeto del procedimiento tramitado ante el TSJM de Valencia", recoge el auto.

Nuevos datos

Según el auto, el avance producido en los últimos meses en el análisis de la documentación hallada en los registros practicados y en la documentación remitida por distintos entes públicos, ofrece "nuevos datos y determina una valoración nueva de los hechos objeto de esta causa en orden a la atribución de la competencia".

Así, resalta que "la correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos a los imputados en el procedimiento" de Valencia impone "su investigación conjunta con la contratación de Orange Market S.L., tanto con el PP de Valencia como la Administración de dicha comunidad autónoma", a fin de "comprobar la posible relación entre los regalos investigados y los cargos de Rafael Betoret, Víctor Camps, Ricardo Costa y Francisco Camps.