Valencia / Oviedo, Agencias

El presidente valenciano, Francisco Camps, afirmó ayer que vale la pena «pelear» frente al «envite de todo un aparato del Estado» que «intenta generar una sombra de duda sobre un gobierno democrático como es el del PP». Asimismo, dijo que las instancias judiciales no le han dejado presentar «un solo papel» y que demostrará que todo es un «montaje».

Camps respondió así al preguntarle la oposición sobre la decisión del juez instructor del «caso Gürtel» en Madrid, Antonio Pedreira, de trasladar al Tribunal Superior valenciano la investigación sobre supuestos delitos electorales y cohecho, entre otros, que afectaría a altos cargos del PP regional.

El portavoz socialista, Ángel Luna, le alertó de que su problema «ya no lo resuelve con una multa», pues el delito de cohecho previsto en el artículo 419 del Código Penal -«uno de los siete delitos» que recoge el auto- habla de 2 a 6 años de cárcel y de inhabilitación de 7 a 12 años, y le ha preguntado si va a montar un partido regionalista.

«Usted se ha acogido a lo único que les queda, el Código Penal, yo me cojo a la senyera y a mis conciudadanos para seguir trabajando por el futuro de esta tierra», respondió Camps, quien tachó de «corta-pega» el auto del juez Pedreira y aseguró que no tiene «miedo absolutamente a nada» ni al «ataque injusto» de todo un aparato del Estado.

El PP presentó ayer un escrito en el Tribunal de Madrid solicitando al juez Pedreira, que aclare si él asume personalmente la existencia de indicios de cohecho impropio y delitos electorales que se desprende de los informes aportados por la fiscalía Anticorrupción o simplemente se ha limitado a inhibirse.

Para los populares, el informe de la fiscalía contiene «deducciones, apreciaciones y valoraciones que van mucho más allá de lo que se corresponde con una mera argumentación jurídica en orden a determinar una competencia».

Por último, el instructor Antonio Pedreira ha vuelto a rechazar la puesta en libertad del presunto líder de la trama, Francisco Correa, al considerar que no se cumplen los requisitos exigidos para modificar su situación de prisión provisional.