Madrid / Oviedo, Agencias
El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela rechazó ayer tramitar la petición de Baltasar Garzón para que anulara la apertura del juicio oral que dictó contra él pasado 13 de mayo por prevaricación al investigar, sin tener competencias, las desapariciones durante el franquismo.
El abogado de Garzón en este caso, Gonzalo Martínez-Fresneda, había solicitado poder esperar a conocer la resolución de la Sala sobre sus peticiones de nulidad antes de que concluya el plazo para presentar su escrito de defensa que inicialmente vencía el día 10. Varela le ha ampliado el plazo cinco días más.
En la resolución, el instructor Varela le dice a Garzón que no cabe «tachar de precipitada la decisión sobre la apertura del juicio oral», puesto que el recurso ante la Sala solicitando la nulidad de los escritos de las acusaciones, que aún está pendiente de resolverse, «carece de efectos suspensivos».
Varela señaló que «no cabe que el instructor incida sobre dicha pretensión» y dispone que no hay lugar a tramitar la instancia de nulidad de actuaciones. Garzón se sentará en el banquillo a instancias de una única acusación popular, la del colectivo ultraderechista Manos Limpias. La Fiscalía no acusa al juez presentó un recurso, aún pendiente de resolución, solicitando la nulidad de los acuerdos adoptados por Varela al exigir a las acusaciones que enmendaran sus escritos, al estimar que el instructor no tiene base procesal.
En la segunda causa abierta al juez, el ex presidente de Cepsa Carlos Pérez de Bricio declaró en el Tribunal Supremo que la petrolera patrocinó unas conferencias sobre terrorismo dirigidas por Garzón en la Universidad de Nueva York porque le parecieron de interés, ya que estaba amenazada por ETA.
El magistrado Manuel Marchena instruye esta causa contra Garzón por prevaricación y cohecho por haber supuestamente recibido del Banco Santander 302.000 dólares, y después haber archivado una querella contra directivos del banco. Cepsa, de la que el Santander poseía del 40 por ciento, también donó 100.000 dólares en 2005 y entregó en el TS una carta que Garzón envió a Pérez de Bricio el 12 de diciembre, en la que adjuntaba una misiva de la directora del Centro de Derecho y Seguridad, Karen Greenberg, con un presupuesto para el proyecto «Terrorismo y Seguridad». En ella se señalan como otros donantes del mismo seminario al BBVA, Caixa Catalunya y Endesa. El testigo dijo que la carta le causó «extrañeza» porque nunca había tenido relación con Garzón y no lo conoce, informa «Efe».
El magistrado Alberto Jorge Barreiro, que instruye la tercera causa contra Garzón por ordenar la escuchas en prisión a los cabecilla de la «trama Gürtel» y a sus abogados ha solicitado al juez Antonio Pedreira el testimonio de todas las actuaciones practicadas en esa investigación y la resolución sobre la prórroga para intervenir las comunicaciones orales y escritas.
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