Barcelona
El Estatut se ha desarrollado en un 75% en lo que depende del Parlamento catalán, pero ha habido pocos avances en la parte que corresponde a las Cortes, más allá de una cuestión de calado como es la nueva financiación autonómica.
Según cálculos del Gobierno catalán, desde la entrada en vigor del Estatut, en agosto de 2006, el Parlament ha aprobado 48 leyes, una parte de las cuales puede verse condicionada por el fallo que ayer desencalló la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas.
Entre el casi medio centenar de leyes aprobadas por el Parlamento catalán en cumplimiento del Estatut, hay algunas tan importantes como la de Educación, que esquiva el decreto estatal que fija un mínimo de tres horas semanales de castellano en los centros escolares y que blinda la inmersión lingüística en las aulas.
La nueva ley del Síndic de Greuges, criticada por el Defensor del Pueblo porque entiende que limita su influencia en Cataluña, o bien la de creación del Consejo de Garantías Estatutarias son otras normativas surgidas del Parlament.
La ley de consultas populares por vía de referéndum, la de fosas comunes o la del derecho a la vivienda en Cataluña, que prevé el alquiler forzoso de pisos desocupados, son otros de los frutos del Estatut en Cataluña.
Respecto a la parte estatal, la financiación es el punto más importante del Estatut que está en vigor. También lo está la polémica disposición adicional tercera, que compromete al Estado a invertir en Cataluña durante siete años en proporción a su aportación al PIB, es decir, el 18,8%, que debía comportar, antes de los recortes por la crisis, más de 30.000 millones de euros hasta 2013.
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