Los partidos catalanes exigen cuentas a CDC por las comisiones a través del Palau

Barcelona / Oviedo, Agencias

El PSC, ERC, ICV y el PPC exigieron ayer explicaciones y responsabilidades a Convergencia y a Artur Mas tras el informe de la Agencia Tributaria que acusa al grupo nacionalista de cobrar comisiones de constructoras a través del Palau de la Música, mientras que el líder de CiU concluyó que no hay pruebas de financiación irregular.

Hay «algo más que indicios de financiación irregular de Convergencia», dijo el presidente catalán y primer secretario del PSC, José Montilla, sobre el informe, que sostiene que Ferrovial pagó a Félix Millet para conseguir adjudicaciones de obra pública en la etapa de gobierno de CiU. Montilla pidió que la justicia aclare unos hechos que a pesar de las «más que evidencias», Convergencia «nunca ha dado las explicaciones oportunas».

Artur Mas afirmó no tener «ni idea» de la comisión del 4% de la que habla el informe, y añadió que serán Ferrovial y el Palau los que deberán dar explicaciones, ya que, a su juicio, el informe «no apunta en ningún momento a CDC» que, ha subrayado, «no es el destinatario del dinero de esos tratos». El secretario general convergente, Felip Puig, desacreditó el informe al asegurar que «buena parte» de la información en la que se basa está extraída «de la Wikipedia, internet y los periódicos».

La empresa Ferrovial Agroman dijo ayer desconocer el destino de las aportaciones que realizó al Palau de la Música y al Orfeó Català en concepto de patrocinio, puesto que es «completamente ajena» al uso que ambas instituciones pudieran hacer de los fondos traspasados.

El informe de la Agencia Tributaria sobre el caso de desfalco del Palau concluye que el ex presidente y principal imputado, Fèlix Millet, canalizaba las aportaciones del principal mecenas de la entidad cultural, Ferrovial Agroman, hacia la Fundació Trias Fargas, vinculada a CDC, a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El documento certifica que las aportaciones de la constructora servían para satisfacer «la contraprestación» de unas obras públicas adjudicadas por los últimos gobiernos de CiU, como la Ciutat de la Justicia y la L9 del metro. Además, añade que el dossier explica que las relaciones Ferrovial-Palau no eran las típicas entre patrocinado y patrocinador, ya que la aportación de la constructora estaba muy por encima de la de cualquier otro.