Madrid / Oviedo, Agencias / F. G.

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció ayer ante la Asamblea que reducirá el número de liberados sindicales de la Administración autonómica para ajustarlo a «lo que marca la ley». La medida afectará a unos 2.000 de los cerca de 3.500 liberados y supondrá una rebaja de 75 a 40 las horas al mes el tiempo para que los que queden puedan llevar a cabo su función representativa.

Aguirre aseguró que este ajuste permitirá un «mejor aprovechamiento de los efectivos con los que cuenta la Administración autonómica». La presidenta madrileña argumentó que la «crisis obliga a administrar a todos con más rigor y eficacia los recursos públicos» y que «a ese esfuerzo los sindicatos no pueden ser ajenos, pues de esos recursos obtienen una parte importante de sus medios para ejercer sus funciones».

El consejero de la Presidencia, Francisco Granados, explicó que, tras dos años de negociar en balde, el Gobierno regional ha optado por esta medida para impedir que «con el dinero de los madrileños se mantenga una oligarquía sindical».

La presidenta madrileña hizo este anuncio en el último debate del estado de la región de esta legislatura y en vísperas de la huelga general convocada para el día 29. En su intervención, Esperanza Aguirre adelantó además su decisión de reducir el Presupuesto regional un 10 por ciento más en 2011. Acusó a Zapatero de intentar asfixiar a Madrid con un recorte del 40 por ciento en las inversiones estatales, aunque acto seguido le dio la bienvenida a «las filas de la ortodoxia» en alusión al recorte del gasto.

Mariano Rajoy consideró «muy razonable» la medida de Aguirre para atenuar la liberación sindical en un momento en el que se «ha dado un estacazo» a funcionarios y pensionistas. El líder del PP recordó el acto de CC OO y UGT en Vistalegre, donde reunieron a «doce mil o trece mil delegados en un día de diario en el que no estaban en su trabajo». «No sabemos si eran liberados o si pidieron el día sin cobrarlo, pero tengo mis dudas», añadió.

Rajoy aseguró que el PP va a pedir reuniones con los sindicatos para «ver si es necesaria tanta gente para ejercer esas funciones». La secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal, señaló que la propuesta de Aguirre está dentro del plan de austeridad del PP.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio alonso, acusó a la presidenta madrileña de querer quitar delegados sindicales para hacer «lo que le dé la gana» en las negociaciones. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, afirmó: «No se va a recortar ningún derecho sindical». Contra Aguirre se pronunciaron también el ministro Francisco Caamaño; la «número tres» del PSOE, Leire Pajín, y el presidente catalán, José Montilla.

Esperanza Aguirre anunció la adopción de una prueba de evaluación para los alumnos de segundo de Primaria sobre dictado, lectura y cuentas. La presidenta regional avanzó también su intención de modificar ley del Suelo.